Gustavo Moreno, es asesor tutelar de menores de la Ciudad de Buenos Aires y el impulsor de que la Justicia haya ordenado al Gobierno de la Ciudad elaborar antes de fin de año un programa de adicciones que incluya un centro de internación obligatorio para la rehabilitación de los adictos al paco. En diálogo con Diario Judicial.com, Moreno remarcó la ausencia de políticas por parte del Poder Ejecutivo; además, expresó la necesidad de que los jueces y los fiscales federales actúen para detener a los narcotraficantes, porque sino “estamos corriendo atrás de la zanahoria”.
Por otra parte, el asesor ante el fuero en lo Contencioso de la Ciudad destacó el compromiso de los jueces porteños ante el estado social de derecho que consagra la Constitución y remarcó la importancia de que la Justicia responda a la “nueva visión sobre la exigibilidad de los derechos sociales y de la infancia que estamos sustentando distintos asesores en todo el país”.
¿Cuál es hoy en día la situación de los menores en relación con el paco?
Es muy preocupante. Hoy no hay un estudio epidemiológico serio que nos diga cuántos chicos consumen. El paco es una droga barata que produce alteraciones muy graves. Hemos tenido casos de chicos que han bajado 40 kilos de peso en cuatro meses, o el de una chica de 14 años que en dos semanas bajó ocho kilos. Es muy adictivo, es barato y los chicos lo consiguen fácilmente pidiendo monedas en la calle o cometiendo algún tipo de ilícito. Además, produce un déficit físico, neuronal y psicológico muy grave.
La Justicia obligó al Gobierno de la Ciudad a crear un plan contra la adicción al paco, ¿cómo debe ser ese programa?
Este es un tema médico, tiene que haber un buen programa, con un diagnóstico que no sea demandado por los centros de salud, sino que sea el Estado el que salga a relevar la situación de los chicos en situación de adicción. Después hay que buscar cuál es la alternativa y elaborar un programa definitivo de incorporación. Es muy difícil para los chicos, como para cualquier adicto, sostener la voluntad de ingresar y estar en un programa. Ahora tenemos un centro de internación llamado Casa Puerto, que me parece que no está muy difundido y debería ampliarse, porque tiene unas 27 camas, pero nunca sabemos si son suficientes o no, nunca están completas, porque es un lugar voluntario. El tema es qué pasa en el caso de quien no quiere internarse, el Estado no puede dejarlo a su voluntad. Estos casos deben ser relevados.
¿A dónde debe apuntar principalmente el programa, al consumo o a la inclusión social?
No, en lo primero que hay que trabajar es en la persecución de los narcotraficantes, porque nosotros estamos corriendo atrás de la zanahoria, atrás de los chicos que ya están consumiendo, y estamos dándole la posibilidad de asistencia o alojamiento, pero el principal flagelo son los que venden la droga y eso le corresponde a la Justicia, a los fiscales federales. Pero no se advierte una política de persecución penal clara y efectiva, sino no habría el consumo que hay. Pero lógicamente, mientras tanto hay que buscar alternativas para que los chicos puedan atenderse.
Hasta la implementación del plan, ¿en qué medidas hay que ir trabajando?
En muchos casos particulares ya hemos recurrido a los organismos nacionales, en primer lugar al SEDRONAR y al CENARESO, pero ambos atienden a partir de los 14 años. También pedimos asistencia a comunidades terapéuticas de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que a partir de los amparos y por imperio de la nueva ley de niñez de la Nación pasarán a la Ciudad.
¿Desde la Legislatura se puede trabajar para combatir este tema de drogadicción?
Ya hay una ley de adicción de hace unos meses, que es importante, pero el problema es que las leyes no se cumplen, no se actúa. A veces la gente cree que sacando una ley se solucionan las cosas, pero las leyes deben cumplirse y es el Estado el que debe hacerlo. De hecho, sobre el tema del paco ya había una resolución que establecía que debía haber un centro de rehabilitación desde 1997, pero nunca lo hubo.
¿El Paco es una droga que afecta sólo a los marginados?
Esto es como la violencia familiar, no es una cuestión de clase el tema de la drogodependencia. Si bien la adicción al paco afecta más a los marginados porque la pueden conseguir con dos pesos, seguramente los que tienen mayor poder adquisitivo adquieren otro tipo de drogas. De todas formas, ya se han detectado algunos casos de consumo de pasta base en escuelas públicas de nivel medio.
Pero lo que más nos preocupa, no es sólo en el tema adicciones, sino también la inclusión social, por la división norte sur de la Ciudad. Son dos realidades totalmente distintas, del lado sur están los barrios más pobres, los asentamientos, las villas, hay menos escuelas, menos servicios, y eso me parece que a veces no se ve o no se quiere ver. La idea sería caminar más el sur y hacer más cosas ahí, porque se está gestando una grave desintegración social. Por ejemplo, el Estado no entra a los asentamientos, cuando hay que notificar a alguien que vive en una villa los oficiales no acceden porque es zona peligrosa. Hay una ausencia de Estado que se está tornando grave y que no tenemos que dejar que esos lugares se conviertan en villas como las de San Pablo.
¿Cómo es la situación del paco en otros países?
La droga ya es una cuestión de política internacional, hay sectores que le convienen producir y vender, como Colombia y Bolivia; pero hoy a lo que vamos, más que a la dominación y dependencia, es a sectores de desnutrición infantil y de problemas neurológicos por droga. Va a haber generaciones que no tendrán acceso al conocimiento adecuado para ejercer sus derechos, lo que lo transforma en las nuevas formas de dominación.
¿Hay modelos a seguir en otros lugares para combatir el consumo de Paco?
Desconozco, pero lo que más me asombra acá es la ausencia de política, quien debe establecerla es el Poder Ejecutivo, pero desde mi lugar en la asesoría eso no se ve.
En algún momento sufrió un recorte de poderes por parte de sus superiores, ¿a qué se debió eso?
El asesor general de ese momento entendió que yo era muy confrontativo, pero esta es una asesoría del fuero administrativo donde la única contraparte es el Estado. Mi obligación es establecer cuáles son los derechos vulnerables y tratar de reestablecerlos a través de acciones judiciales. Se me limitó la acción ante la Cámara, no podía iniciar acciones si no consultaba, lo que implicó prácticamente convertirme en una mesa de entradas. Hoy cuento con todas las herramientas jurídicas, aunque me faltarían recursos humanos.
Siempre tuvo mucho apoyo de las ONGs y organismos sociales
Si, es un apoyo a una forma de trabajo, es importante trabajar con las ONGs y la Iglesia porque son parte de la sociedad civil y trabajan en campo. El asesor no puede estar todo el tiempo detrás de un escritorio, sino que debe ir a los barrios e interiorizarse de lo que pasa.
¿Está encontrando en la Justicia las respuestas a sus reclamos?
Sí, hay una nueva visión sobre la exigibilidad de los derechos sociales y de la infancia que estamos sustentando distintos asesores en todo el país y la Justicia responde. Creo que el fuero Contenciosos de la Ciudad, a través de la Cámara y los doce juzgados de primera instancia, está demostrando su compromiso con un Estado Social de Derecho, que es lo que marca la Constitución desde la reforma de 1994, porque ya no se busca un estado liberal. Podrá gustar más o menos, pero eso está en la Constitución y los jueces se están comprometiendo en cumplirlo.
¿Y qué es lo que falta en el cumplimiento de ese compromiso?
Lo que hay que hacer es capacitarse sobre la realización de los planteos, que deben estar técnicamente bien demostrados, porque hay que demostrarle al juez la vulneración de los derechos, para que puedan marcarle al Estado sus obligaciones.
Por otra parte, usted estuvo comprometido con el tema de la seguridad en los boliches luego de la tragedia de Cromañón, ¿cómo está esa situación actualmente?
El control del Estado de Policía sobre la seguridad, no sólo en los locales bailables, sino también en las escuelas públicas, todavía es deficiente. Creo que se ha mejorado muchísimo, lamentablemente luego de la muerte de 194 chicos. La labor en el registro de locales bailables ha sido muy buena, pero el problema ahora es qué pasa con los locales no registrados, ahora estamos en casi 100 locales, pero antes eran más de 200. La Dirección General de Fiscalización y Control no tiene la cantidad de recursos humanos, hay que replantear el tema.