En la misma condición se encuentran otros ocho oficiales que están imputados en la causa. Todos quedaron procesados bajo sospecha de ser los autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción y ocultamiento de registros públicos destinados a servir de prueba y por no perseguir a posibles imputados de la comisión de delitos.
La causa penal se inició en abril 1999, cuando la Justicia realizó varios allanamientos, en los que se secuestró documentación en cinco seccionales policiales y en la Jefatura Departamental La Plata.
De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, entre octubre de 1998 y abril de 1999 en las comisarías novena, octava y tercera de La Plata, primera de Ensenada y cuarta de Berisso, los comisarios y oficiales encargados, en acuerdo con sus superiores jerárquicos, falsearon la información de la planilla de estadística semanal, quincenal y mensual de delitos cometidos en esas jurisdicciones y que se eleva periódicamente a la Jefatura Departamental. La intención de los procesados habría sido disminuir las estadísticas sobre índices delictivos.
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