12 de Julio de 2024
Edicion 7003 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 15/07/2024

Quebrantos recortados

El Máximo Tribunal de la Nación confirmó la sentencia que reconoció unos quebrantos a favor de la empresa Coca Cola y en contra de la AFIP, por una suma apenas superior a $33.000. La actora había solicitado un quebranto de 21 millones de pesos, pero el Tribunal distribuyó las costas por su orden. FALLO COMPLETO

 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó parcialmente la sentencia de Cámara que confirmó un quebranto a favor de Coca Cola por una suma cercana a los 33.000 pesos. Fue notablemente menor a lo requerido por la actora pues las costas fueron distribuidas por su orden.

En los autos caratulados ”Coca Cola FEMSA de Bs. As. S.A. c/ DGI resol. 124/98 s/ Dirección General Impositiva”, la accionante solicitó el reconocimiento de poco más de $21.000.000.

A tal fin presentó una serie de material documental que fue analizado por el perito contador, tarea que luego, el juez de grado, revisó rigurosamente. El magistrado reconoció únicamente a favor de la demandante, un quebranto de $33.214,40.

Esta sentencia fue recurrida, pero la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de grado y dispuso la distribución de las costas según los respectivos vencimientos.

Ello produjo que la demandada recurriera ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto respecto del reconocimiento de los quebrantos, como por la imposición de costas y las directivas realizadas al AFIP para la confección de un nuevo acto administrativo conforme a la Ley 24.073 y 24.463.

Los ministros de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, analizaron los agravios de la AFIP sobre la sentencia de cámara.

Entendieron desierto el recurso en lo atinente al reconocimiento que se le había realizado a Coca Cola de los quebrantos, aun cuando estos no prosperaron de la demanda en sí, sino por acción de la pericia contable.

Sobre la confección del nuevo acto administrativo, el Máximo Tribunal entendió que las órdenes efectuadas por el magistrado de primera y segunda instancia se adecuaban perfectamente, y que no debía aclararse expresamente la aplicación de la Ley 24.463.

Por último, hicieron lugar a modificar el régimen de costas por no existir una liquidación, en la cual pueda medirse de manera cierta quién debe cargar con las costas y en qué medida. Por ello estuvieron de acuerdo los ministros en distribuir las costas por su orden.

En cambio, sobre el recurso ante la Corte Suprema, los jueces entendieron que debía ser la demandada quien soportase los gastos del proceso, en base a la teoría del vencimiento.



dju / dju
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