La Asociación también recordó que el Poder Judicial tiene como función garantizar los derechos individuales “a todos los habitantes, sin distinción” y que una condena “sólo procede cuando la ley lo admite luego de un proceso y de una sentencia judicial, y no como la consecuencia formal de pretensiones impuestas desde los órganos políticos”.
Kirchner se había preguntado el sábado en el centro de detención de La Perla en Córdoba durante el aniversario 31º del último golpe militar: “¿Qué pasa en la Cámara de Casación, donde están parados juicios que deberían estar en marcha?”. La referencia es a los más de 190 recursos que hay en la Cámara presentados por militares acusados de delitos de lesa humanidad. Algunos de esos expedientes están sin resolución desde el 2003 e impiden la realización de los juicios orales contra los represores.
Las palabras de Kirchner llegaron en la misma semana que abogados querellantes en causas de derechos humanos denunciaron a cuatro jueces de Casación (Alfredo Bisordi, presidente del tribunal, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Eduardo Riggi) ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones en el supuesto retardo para resolver las causas.
Los dichos del presidente encontraron respuesta en Bisordi. El magistrado advirtió que “por este camino vamos a la suma del poder público” y agregó que “durante los gobiernos autoritarios y constitucionales, jamás he visto una intromisión en la labor de los tribunales como la del ahora presidente de la República”.
Pero al juez también le contestaron. El ministro del interior, Aníbal Fernández le dijo directamente: "renuncie, hágale un bien a la patria”. Y le reprochó: “usted no puede decirle a un presidente elegido por la voluntad popular que es peor que Onganía, Videla, Viola, Bignone, todos esos asesinos que la Argentina tiene muy definidos”. También los consejeros oficialistas Diana Conti y Carlos Kunkel echaron más leña al fuego en sendas declaraciones a distintos medios.
Por su parte el constitucionalista Daniel Sabsay se mostró alarmado por la existencia de una supuesta actitud extorsiva contra los integrantes de la Cámara de Casación Penal, cuestionados por el presidente a raíz de las demoras en resolver casos de derechos humanos. “No se entiende por qué algunos sectores oficialistas están prejuzgando. Estos dirigentes actúan en lo que sería la primera parte de un eventual enjuiciamiento a camaristas. Deben actuar sin prejuzgar, de común acuerdo con los otros 12 miembros del Consejo de la Magistratura”, advirtió Sabsay en declaraciones radiales.
La AMyFJN dijo en un comunicado que “nunca la diatriba puede constituir el camino para la realización de la Justicia, menos aún cuando emana de la máxima autoridad administrativa de la República que, como tal, tiene la mayor obligación institucional de respetar la independencia judicial y evitar que, merced a sus palabras, se confunda a la ciudadanía y se ahonde la desconfianza generalizada en las instituciones del país”.
En su discurso en Córdoba, Kirchner también hizo referencia al Consejo de la Magistratura. “Se que van a proceder”, dijo el Presidente sobre los integrantes del cuerpo encargado de investigar las denuncias contra los magistrados y eventualmente someterlos a juicio político. El Consejo tiene una mayoría oficialista desde el año pasado cuando entró en vigencia la Ley 26.080 impulsada por Cristina Kirchner desde el Senado. El Gobierno tiene cinco representantes sobre los 13 que integran el Consejo.
Sobre esto también se expresó la AMyFJN: “No menor gravedad reviste el mensaje que dirigiera al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con el claro sentido de influir sobre los integrantes de ese organismo para que procedan a la acusación de los Sres. Jueces, al margen de cuanto pueda resultar del necesario y debido proceso y con desprecio al inalienable derecho de defensa”.
Bisordi ya paso por el Consejo cuando fue sancionado en noviembre de 2005. Se le aplicó una sanción disciplinaria por llamar en un escrito judicial “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA durante la última dictadura. En su momento, el Consejo dijo que Bisordi incurrió en “faltas de consideración y respeto”.
La AMyFJN también hizo referencia al “eventual desacierto en las decisiones judiciales o el supuesto retardo en dictarlas” que investiga el Consejo. Al respecto dijo que esas fallas “cuenta con soluciones legalmente previstas, así también la Constitución Nacional ha establecido un sistema de control sobre el desempeño de los jueces”.
La Asociación condenó “enérgicamente actos de esta naturaleza” y le reclamó a “las autoridades políticas el recato y la conducta necesaria para garantizar la independencia y el resguardo de la función judicial y el acatamiento pleno a sus decisiones”.
La Corte también le tiró de las orejas al presidente
En un comunicado, el Máximo Tribunal respaldó a los jueces de la Cámara de Casación Penal respecto de las acusaciones que hizo el Gobierno por la demora en las causas vinculadas con derechos humanos. Sostuvo que “sin perjuicio de que la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado está sometida a controles republicanos, dicho control debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”.
Por primera vez desde que el presidente Néstor Kirchner acusó a los miembros de la Cámara de Casación de demorar las causas, la Corte se expidió públicamente al respecto.