Héctor Osvaldo Díaz, residente de la ciudad de San Carlos de Bariloche, denunció a funcionarios de la obra social de jubilados y pensionados, PAMI, por abandono de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. La causa recayó en el juzgado federal a cargo, hasta que en esta semana asuma como camarista, de Gabriel Cavallo.
El hijo de Díaz, Jhonatan, de cinco años, sufre de trastornos urológicos por lo que fue derivado desde Bariloche al hospital Garrahan donde le fue recomendado que asista a un jardín terapéutico. Díaz no dispone del dinero para pagar el tratamiento y el PAMI no se quiere hacer cargo de los gastos.
“No hay más plata”, fue la respuesta que le dieron a Díaz en la obra social cuando fue a reclamar el dinero que le deben de la internación de su hijo. El padre de Jhonatan también denunció a una “doctora Iglesias”, abogada de la obra social y a un hombre de apellido Piñeyro, encargado de la coordinación interna del PAMI, por haber recibido malos tratos cuando fue a pedir por la salud de su hijo.
El denunciante había presentado con anterioridad una medida cautelar ante el juez en lo civil y comercial federal, Roberto Torti, quien hizo lugar e intimó al PAMI para que responda los pedidos de Díaz con inmediatez. Pero no hubo respuestas.
Días, además, debería cobrar una pensión, debida a problemas cardíacos, pero hace cuatro meses que no recibe nada. El denunciante también tiene una hija de tres años y ocho meses, que padece otitis crónica, y tampoco recibe los medicamentos necesarios para tratar esa enfermedad.
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