Los familiares tomaron conocimiento en ese momento de que existen varias opciones, como por ejemplo la implementación de dispositivos o el consumo de pastillas por parte de la mujer, pero también pueden contar con la cirugía de vasectomía.
Si bien algunos han afirmado que por no estar reglamentada la reciente norma de ligadura de trompas y vasectomía –que fue sancionada el 9 de agosto del corriente año, y que fue publicada en el Boletín Oficial esta semana- no es aplicable, en la realidad esta norma no requiere reglamentación alguna.
En su texto no se advierte la obligación en cabeza del Estado Nacional ni del provincial –es una norma federal- de que en plazo alguno disponga del método o procedimiento que deberá realizarse para que tenga vigencia la norma.
El texto de la ley se limita a imponer la obligación a los centros de salud públicos y privados de contar con especialistas apropiados para poder ser realizada, cirugía que será siempre gratuita, preservando así el derecho de toda persona al control de su fertilidad de manera responsable.
Al tratarse de una persona que sufre de discapacidad dicha operación deberá ser ordenada por un juez (artículo 3º de la ley). El chico todavía no ha sido judicialmente declarado demente, por lo que antes de cualquier trámite deberá llevarse a cabo el procedimiento para declararlo insano.
Dicha declaración dará por resultado la envestidura de alguno de sus padres, familiares o de un tercero como curador del muchacho, ya que como el joven tiene más de 30 años de edad, los padres no tienen representación alguna –cese de la patria potestad-.
Una vez designado el curador o representante legal, se podrá llevar a cabo la solicitud de vasectomía, la que deberá ser gratuita a costa del Estado –provincial o nacional, según corresponda- o de una institución privada, mutual o obra social, si es que tiene.
Diariojudicial.com se comunicó el jueves 31 de agosto con la oficina de prensa del Poder Judicial de Mendoza, donde se nos comunicó que hasta el momento no tenían noticias sobre la presentación de algún tipo de acción por parte de los padres de la persona con discapacidad.