Dju: ¿Por qué se quiere reformar el Código de Faltas?
Rodrigo Luchinsky: Lo que empezamos a notar es que en la Ciudad no hay un sistema coherente y razonable de premios y castigos apropiados para promover el cumplimiento de las normas que están en vigor. Por eso preparamos un paquete de cuatro normas, de cuatro leyes que van a actualizar el Código de Faltas. Además de la cuestión normativa, es decir qué es lo que no se puede hacer y cuál es la sanción, estamos modificando la estructura de la Unidad que aplica estas sanciones que es la Dirección General de Administración de Infracciones que está colgada orgánicamente debajo de la subsecretaría y por lo tanto debajo del Ministerio de Gobierno. Los cuatro proyectos son las modificaciones al Código de Faltas, las modificaciones al procedimiento de faltas, la creación de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, que va a atender todo lo que no sea tránsito.
¿Hay una segunda etapa de la reforma?
Claro. Lo que estamos haciendo en este momento es modificar y actualizar todo lo que no tenga que ver con tránsito porque en los próximos 45 días estamos enviando a la Legislatura un paquete general de seguridad vial que va a implicar la modificación del código de faltas; el establecimiento de sanciones no dinerarias, lo que se llama educación vial, y vamos a tener un sistema de Scoring, por el cual los conductores van a tener una cierta cantidad de puntos que cuando los exceden van a quedar inhabilitados o van a tener que hacer una determinada actividad como para poder tener el registro limpio. También estamos diseñando algún mecanismo con las cámaras de seguros para atarlos a las pólizas de seguros. Creo que esto va a generar un impacto bastante importante. Eso es parte del paquete de seguridad vial. Originariamente trabajamos en el Ministerio, una reforma integral del tema de faltas pero preferimos mandar ahora lo más urgente.
¿Cuáles son las nuevas figuras que incluye la reforma del Código?
En lo que hace al Código de Faltas, creamos figuras nuevas, figuras especificas relativas al medio ambiente, al tratamiento de residuos patogénicos, actividades constructivas, y en relación al servicio de seguridad privado, que en muchos casos no existían, por lo cual había un muy peligroso vacío normativo. Por ejemplo, hoy en día una clínica privada que genera u opera residuos patogénicos sin tener el certificado de aptitud ambiental o que incumpliera los requisitos que prevé la legislación, no tiene castigo; con el nuevo Código los establecimientos que hagan esto van a tener una multa de entre $1.000 y $100.000. Con todo esto lo que estamos buscando es realmente modificar conductas más que cualquier otro fin. Las sanciones son bastante gravosas para el que incumple, y de algún modo lo que estamos tratando de hacer es premiar a quienes tienen todo en regla. El año pasado el Ministerio hizo un control de algo más de 700 geriátricos que había en la Ciudad, detectaron bastantes irregularidades y comenzaron a trabajar con cada uno de los institutos como para que se adecuen. La mayoría se adecuaron pero quedó un 10% (unos 83), que insisten en no cumplir las normas.
En marzo, cuando la Legislatura aprobó varias reformas por el tema de seguridad, el ministro Gorgal anunció una reforma integral del Código. ¿Eso es lo que se intenta ahora?
En ese momento, además de la reforma normativa, se inspeccionaron cada uno de los institutos, y quedaron un 10% (83 para ser más exactos), que no se adecuaron y están siendo desalojados y clausurados y a los abuelos los estamos reubicando en otros institutos que sí cumplen con las normas. Otra novedad es la falsificación de la documentación y de la declaración jurada vinculada a residuos patogénicos que antes no existía o que por lo menos estaba contemplado como falta. Adicionalmente hay una prohibición bastante grande de operar o introducir en la ciudad productos que tengan PCV. Además establecimos ahí una multa de entre $5.000 y $200.000. La otra novedad es que actualizamos las multas en muchos casos, incrementándolas. Lo que estamos haciendo adicionalmente es crear un sistema de actualización de multas y en vez de fijarlas en pesos las estamos fijando en unidades fijas. Además, cuadriplicamos las multas a los establecimientos que elaboren y comercialicen alimentos que no guarden las condiciones de higiene adecuada; multiplicamos por diez las multas máximas a los titulares de establecimientos o vehículos que liberen gases contaminantes; y multiplicamos por diez el máximo de la multa para quien emita contaminantes.
¿Por qué se incrementaron tanto las multas?
Porque había casos en que eran ridículos los montos y con dos o tres mil pesos se podía levantar la inhabilitación y seguir trabajando. Obviamente lo que estamos haciendo es establecer agravantes, principalmente para los casos de reincidencia, la reiteración de una falta en el termino de un año en muchos casos genera la duplicación de los montos mínimos y los montos máximos. Esto también trae aparejado la clausura de hasta 180 días sin habilitación. También tenemos agravantes para los establecimientos críticos. Los establecimientos críticos son los centros comerciales, los centros industriales, los garages, las estaciones de servicio, cines, teatros, shoppings, lugares de gran afluencia de público, escuelas privadas, hoteles, geriátricos, sanatorios, etc.
¿Todas las miradas están puestas entonces en ese tipo de lugares?
En general las sanciones, cuando se cometen en establecimientos críticos, tienen el agravante de mayor pena y la custodia de inhabilitación por noventa días. La cuestión es que no nos sirve o no es tan útil perseguir a un restaurante que tiene mal la marquesina como a un geriátrico que no tiene salidas de emergencias o no tiene los caños para que los abuelos se agarren. Ya que tenemos recursos escasos vamos a focalizarlos hacia este mundo. Por ejemplo, cuando los establecimientos críticos no tengan las debidas instalaciones contra incendio, o protección de los conductores eléctricos, la multa mínima es de $20.000, o sea doscientas veces más que el mínimo de la multa para el establecimiento no crítico, además de la inhabilitación.
Otro vacío que habíamos notado es que no existía la inhabilitación o clausura, era o multa o inhabilitación; ahora lo estamos haciendo como accesoria y de aplicación obligatoria, por lo menos en los casos de reiteración de la misma falta.
¿Hay alguna modificación también con respecto al pago voluntario?
Sí. Adicionalmente el proyecto de Código de Faltas tiene una limitación al pago voluntario o el pago en cuotas. El tema con el pago en cuotas era que a alguien le clausuraban el establecimiento, arreglaba un pago en cuotas, pagaba la primer cuota, le levantaban la clausura y no pagaba más. En los casos sensibles a la seguridad o en los casos de reincidencia, lo estamos limitando y en algunos casos puntuales estamos evitando el pago voluntario. Para cerrar con el tema del Código, extendimos la prescripción a dos años (antes era un año) y establecimos causales de interrupción de la prescripción como para que las causas estén vivas con el impulso de la administración.
¿Cómo va a funcionar la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales (UAAFE)?
Es un cuerpo de una cierta cantidad de agentes, como controladores que se van a ocupar exclusivamente de las faltas que no tengan que ver con tránsito. La gente va a ser seleccionada, el número será determinado de acuerdo a la necesidad de la administración, por concurso publico. Hoy hay 24 controladores de la UAP, que hoy en día se ocupa de todo, por lo cual estamos realmente muy justos, sobre todo porque las faltas que no tienen que ver con tránsito requieren mucho más análisis y mucho más estudio que un semáforo en rojo. Esta Unidad de Faltas Especiales va a esta destinada a cubrir estas vacantes con abogados que tengan algún tipo de especialización en algunas de las materias.
¿Los controladores actuales no fueron elegidos por concurso de antecedentes?
Sí, fueron elegidos por concurso. Lo que pasa es que hubo discriminaciones, hubo una ley de la Legislatura que limitó el número cuando el concurso ya estaba lanzado: se había lanzado el concurso por 50 pero la Legislatura bajó el numero a 30, incorrectamente en mi opinión, porque esa es una facultad privativa de la administración, fijar el numero de jueces administrativos.
Ustedes saben que esta elección debe ser bien transparente...
El concurso va a ser absolutamente transparente.
¿Hay control de los controladores?
Sí, hay controles. El principal control es la justicia. Todas las decisiones de los controladores pueden ser apeladas ante la justicia contravencional y de faltas. Si hay una irregularidad administrativa, eso tiene que ser denunciado. En ese caso se hace un sumario administrativo y si existiesen sospechas de delito penal se lo denuncia ante la justicia penal. En esto nosotros necesitamos que los vecinos sean más activos y denuncien todo lo que tengan que denunciar.
Había una disputa entre administrativizar o judicializar las faltas. ¿Terminó ganando esta segunda opción?
Terminó ganando entre comillas. Nosotros propusimos mantener la instancia administrativa tal como está porque es mucho más económica. Acá cada controlador es un controlador que tiene un sueldo menor al de un juez y tiene un staff de dos o tres personas, no más, y con eso todos los días está dictando sentencia. Si nosotros a cada una de las 180.000 faltas especiales las pasamos por la justicia, estaríamos peor que al principio. De todos modos, como lo exige la Constitución y como lo exige la jurisprudencia, siempre existe la posibilidad de hacer un control judicial de lo que dijo el controlador. O sea que cuando el controlador dicta la sentencia hay un plazo en el cual a quien se le aplicó la sanción, puede solicitar el pase a la justicia contravencional y ahí se hace un nuevo análisis del caso con el expediente administrativo como prueba. Nosotros en principio, trataríamos de transitar en esta instancia con este mecanismo y ver en todo caso si hay algunas cuestiones que por su complejidad excedan a la estructura pequeña de los agentes administrativos. Para judicializar siempre hay tiempo. Lo importante es que estén respetadas las garantías procesales en ambas instancias y que exista un control por un juez designado como tienen que ser designados los jueces.
¿Cuál era el argumento de los que querían judicializar el proceso?
El argumento oficial es que la judicialización brinda mayores garantías al proceso.
¿Usted no está tan de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo en que brinda garantías, pero hay que conciliar los dos aspectos lamentablemente. Tenemos que conciliar la forma de tener una administración publica ágil manteniendo las garantías procesales. Lo cierto es que hoy, tan mal no debe funcionar la instancia administrativa porque el porcentaje de apelaciones hacia la justicia es muy bajo. No tengo estadísticas pero no sé si llega al 10%. Así que no arreglemos lo que no está roto. Tengamos en cuenta que el proceso contravencional como está establecido hoy implica un juez, un fiscal, porque es un proceso acusatorio, un defensor llegado el caso, más todo el staff de cada uno de estos funcionarios, más una audiencia oral, más apelaciones, más honorarios de abogados, etc.