Dr. Jorge Rizzo

Acerca de la noticia Qué pasa con las leyes de salvataje hipotecario
Señora Directora: En materia de hipotecas, el gobierno nacional lanzó con bombos y platillos la cuestión de su reordenamiento. En efecto, luego de varias idas y venidas, con la sanción de las leyes 25.798 y 25.908, se decidió que quienes fueran deudores hipotecarios de grupos "inversionistas" (en buen romance "usureros") podían presentarse ante el Banco de la Nación Argentina que, tomaría dichos créditos, los pesificaría, refinanciaría de acuerdo a las posibilidades de ingresos de esas familias y, por otro lado, cancelaría el crédito de esos supuestos inversionistas.
Así, miles de argentinos, atrapados en la triplicación del valor de la divisa norteameriacana que tenían en jaque sus viviendas, se hicieron presentes ante las autoridades del Banco Nación de su barrio y, suscribieron los pertinentes contratos. Los usureros, por su parte, plantearon ante la justicia nacional, las ejecuciones hipotecarias pretendiendo, en muchísimos casos, además de todos los dólares que ya habían engullido, quedarse también con la casa del pobre deudor. La Cámara Civil haciendo gala nuevamente del precepto autóctono "que la crisis la paguen los pobres" viene avalando sistemáticamente el criterio de los usureros y, dejá en estado de ejecución a los deudores hipotecarios. Es decir, que, a pesar de encontrarse en plena vigencia las leyes referidas (las que "no se animan" en declarar inconstitucionales sinó "inaplicables" para el caso de autos) fallan avalando la posición de los desinteresados "inversionistas". Entiéndase bien: el deudor debe satisfacer el crédito de los usureros (sinó es ejecutada su vivienda única familiar) pero a su vez, su situación se ha agravado, por cuanto, también continúa siendo deudor del Banco de la Nación por haber suscripto los contratos que el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación determinaron en las referidas leyes de "rescate". En el mejor de los casos, tiene que padecer el escarnio de tener que presentarse ante el Banco y solicitar la rescición del contrato y, tener la paciencia de los mártires, para que le devuelvan el importe de las cuotas que ya ha abonado. Si, una verdadera e incocultable vergüenza. Lo peor, es el silencio stampa, tanto del gobierno como del Congreso.
Para peor, los señores magistrados (quienes deben considerar que "jamás se equivocan") tampoco dan a los pobres, la posibilidad de acudir ante la Corte, puesto que rechazan todos y cada uno de los recursos extraordinarios que los abogados planteamos, en escuetas resoluciónes. Así, en no más de una carilla y media, desestiman argumentos de violaciones a la Constitución Nacional, al Pacto de San José de Costa Rica, las leyes de reordenamiento y otra normativa; poniendo el broche de oro cuando dicen que la crisis que generaría la ejecución de la vivienda única familiar de los deudores no es de "gravedad institucional". Recuerdo que, igualmente, al deudor le queda la vía de ir en queja directamente ante la Corte, pero para ello debe hacer un depósito de MIL PESOS que los que, evidentemente, NO TIENE.
Este tema, y la actitud asumida por la Cámara Civil, el que afecta directamente la vivienda única familiar de cientos de miles de argentinos, no ha tenido la difusión que corresponde, ni en los círculos de abogados, seguramente por desidia; ni tampoco en los medios de difusión (con excepción de Diario Judicial, cuando recibiera mí voz de alerta), creo que por falta de conocimiento de la crítica situación; muchísimo menos en las esferas del poder, quien debería estar urdiendo una nueva solución, ante la posición asumida por los magistrados. Es menester que los "representantes del pueblo", léase "nuestros empleados públicos" tomen conciencia de la urgencia de la situación puesto que, toda la solución a la crisis de los deudores hipotecarios que, tanto el Presidente de la Nación, como el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, publicitaron a l