El fiscal de la Cámara del Crimen, Oscar Gasset, apeló ante la Cámara de Casación Penal la excarcelación de Omar Chabán. Además, le pidió a la Corte que aplicando el instituto del “per saltum” y deje sin efecto el fallo que concedió la medida. El fiscal coincide en su escrito con los fundamentos vertidos por la disidencia que expresó el viernes pasado el juez Rodolfo Pociello Argerich, que a su vez respaldó la postura del juez de la causa, Julio Lucini. Gasset considera que el fallo de la Sala V, firmado por Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori, deroga virtualmente el régimen de prisión preventiva del sistema judicial argentino. Por otra parte, diariojudicial.com mantuvo una charla con el ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, quien aseguró –como ya lo ha hecho en otras oportunidades-, que considera al instituto del “per saltum” como algo nocivo. Zaffaroni entiende que las pocas veces que ha sido utilizado trajo aparejado serios inconvenientes para nuestro país. A su entender –aunque aclaró aún no haber tenido acceso al escrito presentado-, la única posibilidad que habría para conceder este procedimiento sería la existencia cierta de que se encuentre en juego alguna vida. Pero no siendo así el ministro considera que debería aplicarse la reciente doctrina plasmada en el fallo conocido como “Di Nunzio”, que afirma la necesidad de que la defensa siga los pasos procesales pertinentes impugnando la decisión ante la Cámaras Nacional de Casación Penal, que es el tribunal intermedio.
Corte
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo una audiencia con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares y tres de sus ministros, Carlos Bohm, Alejandro Perez Hualde, y Pedro Llorente que se apersonaron para poner en conocimiento del alto tribunal cuál es exactamente el conflicto por las remuneraciones de los magistrados mendocinos. Aquí fueron recibidos por los miembros de la Corte, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Augusto Belluscio, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, y Enrique Petracchi. Según fuentes judiciales, el problema es mucho más complicado de lo que parece, ya que de ser resuelto por la Corte, cada uno de sus ministros debería excusarse y ser resuelto por conjueces, tal es así que está analizando la posibilidad de que se haga una mediación entre el gobierno provincial y los jueces que no reciben la indexación de sus salarios, tal como lo hacen aquellos jueces que suscribieron el convenio indexatorio en el año 1986, y que lo están cobrando por medio del Ministerio de Economía desde la salida de la convertibilidad. Si el recurso de queja que la Corte ha sido llamada a resolver, lo fuera a favor de los jueces indexados el gobierno debería hacer un desembolso de unos 200 millones de pesos para pagar todas las indexaciones que podrían suceder luego, por eso aún no existe consenso para resolver el problema, aunque se espera que durante el acuerdo de mañana se aborde el tema para proceder seguramente a una conciliación, tal como había instado en su dictamen el Procurador General, Esteban Righi.
Derecho Procesal
El miércoles 18 de mayo, a las 16 horas, comenzarán las jornadas preparatorias de Derecho Procesal en el aula 1 de extensión universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La actividad contará con la presencia del Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Dr.Roland Arazi, para el acto de apertura, y del Dr. Gozaini para la conferencia de clausura. También habrá reconocidos profesionales. Las jornadas están organizadas por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y los temas a tratar son: Tribunales de ejecución, proceso monitorio, aspectos procesales de la ejecución penal y procesos colectivos.
Renuncia
El Poder Ejecutivo Nacional le aceptó la renuncia a Horacio Oscar Gonzalez Sueyro, defensor público oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia y Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Lo hizo a través del decreto 477/2005 firmado por el presidente Néstor Kirchner y el ministro de justicia Horacio Rosatti el pasado 13 de mayo. Si bien ya había sido aceptada por la Defensoría General de la Nación a fines de marzo, es competencia del ejecutivo nacional la aceptación de la renuncia.