Antes, la Comisión y los propios abogados denunciantes habían solicitado lo mismo: que continuaran y se ampliaran las medidas provisionales. Todo ello como consecuencia de la denuncia de familiares de presos mendocinos, representados por un grupo de abogados de esa provincia, que denunciaron malos tratos y condiciones infrahumanas de detención en los penales de Mendoza.
Al finalizar la audiencia por el expediente “Casos de penitenciarias de Mendoza”, la Corte Interamericana invitó a las partes a elaborar un documento conjunto donde se profundicen las medidas provisionales. Así lo confirmó a este medio el abogado
Pablo G. Salinas, desde Asunción, quien además resaltó las palabras del presidente del organismo, que destacó, a su vez, el altísimo nivel con el que contó la audiencia y aseguró que este caso debe servir para cambiar todo el régimen penitenciario en Latinoamérica.
Las medidas que se deberán profundizar son la erradicación inmediata de la violencia en las cárceles; la separación de presos por categorías; un control estricto de armas dentro de los
establecimientos y la aplicación efectiva del sistema penitenciario.
Además, la CIDH recibió el compromiso argentino de mejorar progresivamente los recursos de personal asignado; garantizar el denominado “debido proceso´´ para juicios justos; creación de un sistema de prevención e investigación imparcial de hechos ocurridos y eventuales nuevos desórdenes; y la ampliación de miembros de la Comisión de seguimiento con la incorporación de otros actores de la sociedad cívil argentina para esclarecer responsabilidades.
Finalmente, hubo un compromiso de garantizar la seguridad de las personas y empleados que ingresen a las cárceles.
Delegados de la CIDH tendrán a su cargo, más adelante, el control del cumplimiento de los compromisos firmados. Por lo pronto,
el tema tendrá continuidad el próximo 9 de julio en San José de Costa Rica. Allí, los miembros de la Comisión dictaminarán acerca de los avances, estancamiento o retrocesos de las promesas argentinas.
A fines del año pasado, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había visitado la provincia de Mendoza. Los delegados habían llegado para constatar si las medidas provisionales ordenadas por el organismo estaban siendo cumplidas, pero se llevaron una mala impresión.
La Corte empezó a sesionar el lunes en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción y
finalizó las audiencias este jueves. Es la primera sesión, en el año, fuera de su sede de Costa Rica. Primero se analizó la demanda que entabló un ex funcionario civil de la marina chilena, Humberto Antonio Palamara Iribarne, contra el gobierno chileno por la supuesta censura de su libro "Ética y servicios de inteligencia”.
El martes, la Corte estudió la acción entablada por Wilson García Asto y Urcesiono Ramírez Rojas contra el estado peruano. Ambos fueron sometidos, en ese país, a procesos penales por "terrorismo". Ramírez Rojas está detenido desde hace 13 años y García Asto estuvo preso nueve años, hasta que recuperó su libertad en agosto pasado tras ser absuelto por la Sala Nacional de Terrorismo de Perú.
El actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el mexicano Sergio García Ramírez, y los demás integrantes son Oliver Jackman, de Barbados; Manuel Ventura Robles, Alirio Abreu Burelli, de Venezuela; Antonio Augusto Cancado, de Brasil; Cecilia Medina Quiroga, de Chile, y el peruano Diego García-Sayán.
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