La resolución 102 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad adhiere a la Acordada N° 9/00 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que, a su vez, dispone la aplicación de las Acordadas N° 20/96 y 56/96 de la Corte Suprema. Sin embargo, aclara que es únicamente con relación a los funcionarios y empleados del área jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que no se extiende la obligación a los magistrados.
La Acordada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad adhirió a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dispuso la aplicación del impuesto a las ganancias
para los funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los consejeros tuvieron en cuenta que el proyecto de ley N° 164/02, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores e ingresó a Diputados en abril del año pasado, y que impone expresamente a los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público la obligación de tributar el impuesto a las ganancias por el desempeño de su actividad,
aún no fue aprobado por el Congreso.
“Resulta razonable que los funcionarios y empleados del área jurisdiccional del Poder Judicial - hasta tanto se mantengan las circunstancias vigentes descriptas en los párrafos precedentes - abonen el impuesto a las ganancias en iguales términos que los funcionarios y empleados de las distintas jurisdicciones del país”, dijeron los miembros del Consejo.
Por otra parte destacaron que
“se vulnera el derecho a la igualdad si los funcionarios y empleados del área jurisdiccional del Poder Judicial local se encuentran compelidos a abonar el impuesto a las ganancias sobre la totalidad de su remuneración mientras los funcionarios y empleados de otras jurisdicciones -sean nacional o provinciales, e incluso respecto de sus pares pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad-, deben hacerlo sólo sobre determinados rubros de su remuneración”.
Por último, los consejeros firmantes Rosenfeld, Iráizoz (en disidencia), Cavaliere, Castorino (en disidencia), De Stefano, May Zubiría (en disidencia), Marsili (en disidencia), Balbín y Garavano) aclararon que la solución adoptada
“mantendrá su vigencia hasta tanto se expida la comisión especial creada a ese efecto o, en su caso, se sancione el proyecto de ley respectivo”. dju / dju
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