La medida fue adoptada, la semana pasada, al término de una ronda de reuniones con magistrados y automáticamente fue puesta en conocimiento de las entidades que nuclean a los profesionales del derecho. El órgano máximo del Poder Judicial provincial estima que si los abogados no presentan más escritos que los necesarios por razones de urgencia caducidad o prescripción,
el personal podrá dedicarse a los expedientes atrasados.
No obstante,
la suspensión de términos y audiencias fue tomada como una medida de carácter excepcional, luego de una evaluación realizada por los integrantes del Superior Tribunal durante la feria judicial. Luego, el presidente del Tribunal, Ramón Rubén Avalos, junto a los ministros María Luisa Lucas y Eduardo Omar Molina, efectuó una ronda de consultas durante la semana pasada: el lunes, con jueces laborales; el martes, con los civiles y comerciales: y el miércoles, con los del fuero del menor de edad y la familia de la capital provincial.
Esas reuniones fueron determinantes para adoptar la decisión, de la que ya se encuentran notificados los representantes del Colegio y el Consejo de Abogados y Procuradores.
La extensión geográfica y temporal de la suspensión dependerá de la situación advertida en cada caso, ya que
hay tribunales que tienen hasta 3.000 escritos sin agregar en las mesas de entradas mientras que en otros la huelga prácticamente no tuvo impacto. Además depende de las estimaciones que realicen los propios jueces sobre el plazo necesario para recuperar la normalidad en la gestión jurisdiccional (que varía según la circunscripción judicial o fuero de que se trate).
En diálogo con este medio,
Nelson Salinas, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCH), confirmó que la suspensión “no es igual para todos los casos”. “En Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y Charata es por una semana, pero en Villa Angela será sólo por dos días”, advirtió, al tiempo que aclaró que “es para los juzgados donde se sintió con fuerza el paro de tres meses que hicimos el año pasado”.
Sin embargo, el sindicato se encargó de aclarar, mediante un comunicado de prensa, que defenderá la jornada laboral de trabajo. “Como máximo deberíamos trabajar ocho horas”, dijo Salinas. Respecto a la medida dispuesta por el Tribunal Superior, el gremialista aclaró que “nosotros no fuimos consultados”.
De esta manera, la medida se aplica en los juzgados civiles y comerciales de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y Charata, pero no en Castelli ni en General San Martín y parcialmente en Villa Angela. Tampoco alcanza a los juzgados del menor.
dju / dju
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