El subsecretario de Justicia de la provincia, José Luis Benaglia, aseguró que "es un tema que se está charlando a nivel de la sociedad misma, y el gobierno no va a quedar a contrapelo de lo que piensa la gente”. “Todavía no hay una decisión tomada; estamos buscando todos los elementos para que llegado el momento, se dé la discusión", señaló el funcionario.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, advirtió hoy que la eventual derogación de la norma
podría afectar la independencia del Poder Judicial e instó al gobierno a nivelar los sueldos "hacia arriba y no hacia abajo".
La denominada ley de enganche fue sancionada en 1994 por el entonces gobernador Reutemann y establece iguales remuneraciones para magistrados y parte de los funcionarios del Poder Judicial a los abonados en la Nación; y para el resto de los agentes, una escala porcentual. El último aumento del 30%, que en Santa Fe comenzó a cobrarse con los sueldos de enero, irritó los ánimos de varios sectores de la administración pública y llevó al gobernador Jorge Obeid a sugerir la derogación de la polémica norma.
"Las diferencias existen en todo el mundo", aseguró hoy Gutiérrez al respaldar el aumento salarial, y en ese sentido, consideró que "no se trata de una cuestión de bolsillo, sino de principios". En tanto, Benaglia manifestó que la discusión "se ha incorporado a la agenda social, y ha generado un fuerte rechazo", pero entendió que es necesario analizar el tema con mucha cautela.
Al justificar la posible derogación, el funcionario opinó que la ley de Enganche podría interpretarse hasta como "contraria a la autonomía provincial, porque el Estado santafesino está pagando sueldos que, en definitiva, fija el gobierno de la Nación".
Sin embargo, aclaró -como contrapartida- que "la provincia hizo uso de su autonomía cuando decidió engancharse a la ley".
En tanto, las autoridades del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) exigieron la inmediata derogación de la ley, al recordar que la polémica norma "es herencia del gobierno de Carlos Reutemann y violenta el federalismo consagrado en la Constitución Nacional".
"Son los docentes, los médicos de los hospitales públicos, los policías que a diario arriesgan su vida, el resto de los agentes del Estado, pero también el sector privado, quienes hacen su esfuerzo cotidiano y aportan al erario público", señalaron en un documento.
La equiparación fijada la semana pasada es retroactiva a octubre e implicará, para la provincia, afectar unos 43 millones de pesos anuales de Rentas Generales.
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