Hector Jorge Rodriguez

Las maniobras políticas que ponen en riesgo una castigada democracia.
El lamentable suceso acaecido en el establecimiento de diversión llamado República de Cromagnon nos sorprende cada día con derivaciones insospechadas que, en conjunto, a nuestro juicio, contribuyen a poner en serio riesgo una ya bastante alicaída democracia.
Desde 1983 a la fecha el sistema imperante en el país ha sufrido un deterioro que no es necesario detallar. Está a la vista.
El principio de autoridad no rige en la Nación y el Estado está completamente ausente de sus funciones naturales, tal como las concibieran nuestros maestros.
En ese tobogán de valores se arribó, hace un tiempo, al “que se vayan todos” como su-puesta expresión de deseos de una sociedad que descree completamente de la utilidad de la política.
Y si bien la absurda frase ha caído en desuso, es evidente que, ante hechos tan conmo-cionantes como lo es una tragedia con casi 200 muertos, se exacerban los sentimientos negativos y surgen las más descabelladas maniobras políticas para hacer leña del árbol caído, aún a riesgo de que las instituciones democráticas reciban ataques mortales.
Concretamente, en estos días somos testigos -en nuestro caso perplejos-, de la liviandad con que se trata la posible caída del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en función de las supuestas responsabilidades que le cabrían en el luctuoso suceso.
Se ha desatado una cacería grotesca respecto de la persona del Dr. Aníbal Ibarra (de quien –aclaramos- no somos precisamente admiradores y ello está documentado incluso en querellas que oportunamente patrocinamos, por actos de gobierno que a nuestro jui-cio constituían delitos de acción pública), como si la única solución a la crisis derivada de la tragedia fuera su remoción del cargo.
Y en esto no tenemos duda alguna de que la politiquería y el oportunismo son la única base de sustentación para tamaño despropósito.
Es impensable, en una sociedad organizada, que un hecho como el acontecido en el lo-cal bailable del barrio de Once puede determinar la caída de un gobierno.
Alguien, tal vez con acierto, aseverará que la Argentina no es una sociedad organizada. Podemos llegar a algún grado de coincidencia en tan grave afirmación. Pero tenemos la completa seguridad de que, con métodos expulsivos y con agresión a las instituciones –so pretexto de personalizar, en este caso en Ibarra-, una sociedad no puede avanzar a la categoría de organizada si aún no lo es.
El Jefe de Gobierno deberá pagar sus culpas si existiera la posibilidad de encontrar al-guna prueba de responsabilidad personal en los hechos, lo cual desde la dogmática jurí-dica seriamente dudamos que pueda ser posible.
Y en cuanto a las responsabilidades políticas, no tenemos ninguna posibilidad de acep-tar otra solución que la de esperar a las próximas elecciones, en las cuales se le podrá demostrar que su tiempo ha fenecido, mediante la única arma aceptable: EL VOTO QUE DEBERÁ NEGÁRSELE, si es que tenemos la convicción de que las cualidades que dijo tener para gobernar, no se han exteriorizado y convertido en hechos concretos.
Pero, por cierto, es inaceptable que de resultas del escarnio público que genera un la-mentable episodio como fue el incendio de Cromagnon, se derive la caída de un gobierno. Esa consecuencia carece de cualquier identidad con procedimientos democráticos y es sólo producto del oportunismo de ciertos opositores que, no hesitaremos en afirmar ca-tegóricamente, pretenden acelerar los tiempos de acceso a puestos de poder respecto de los cuales no han dado muestra alguna de capacidad para ostentarlos.
Y, lo que es más horrendo aún, sosteniendo estas teorías conspirativas y verdaderamen-te golpistas (aunque las quieran disfrazar de procedimientos supuestamente constitucio-nales de reclamo popular), nos están mostrando la hilacha: piden acceder a puestos de origen democrático