En su presentación, Piragini señaló que se conectó tiempo atrás con la violencia e inseguridad en los boliches bailables a raíz de la brutal agresión sufrida por su hijo Ariel en abril de 2003, añadiendo que en las causas que se sigue por ese hecho - que tramitan ante el Juzgado Nacional de Instrucción nº 12 y ante el Juzgado de Menores nº 2- aportó elementos de convicción las que solicitó fueran remitidas ad efecto vivendi et probando.
A partir de tal hecho asegura el denunciante haber efectuado diversas propuestas a funcionarios del Gobierno de la Ciudad para que se tomaran medidas de seguridad, que de haber sido oídas “podrían haber evitado esta catástrofe” añade. Por ese motivo ha solicitado se lo cite como testigo.
Asimismo nuevas denuncias de familiares de las víctimas se presentaron ésta vez de parte de los padres de Florencia Laura Diez, que falleciera en el incendio del boliche bailable, solicitando ser tenido como partes querellantes al entender que han sido ofendidos por un delito de acción pública.
Imputan a Chabán el delito de homicidio simple con dolo eventual, y también a los que resulten encargados de la seguridad del local, al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma, Aníbal Ibarra, al Vice Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, a la Licenciada Fabiana Fiszbin, al director de control comunal, a los inspectores que tuvieron jurisdicción sobre el tema, al jefe de Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, al Ministro del Interior, Aníbal Fernández, al ex Subsecretario de Justicia, Dr. Antuña, al ex Subsecretario de Seguridad, Enrique Carelli, y todo otro funcionario de la comuna o de la Nación responsable de la muerte de su hija que emane de la marcha de la investigación.
En tanto la magistrada deberá definir la situación procesal de Chabán de conformidad con el art. 306 del Código Procesal Penal, a quien la fiscalía le imputa el delito de “homicidio con dolo eventual” por el que pide que sea procesado con prisión preventiva. El plazo de no ser prorrogado vence mañana martes. No obstante la defensa del empresario, encabezada por Pedro D´Attoli, informó que la carátula debía encuadrarse en el delito de “estrago seguido de muerte”, que es castigado con una pena de 8 a 20 años de cárcel.