El proyecto de reglamento que impulsa la creación del sistema de capacitación fue elaborado por Fernández Moores y el consejero Quiroga Lavie, y venía aprobado por la Comisión de Selección y Escuela Judicial. Sin embargo, Kiper manifestó distintas objeciones al texto presentado, las que hoy se receptaron en su casi totalidad, lo cual permitirá la aprobación sobre tablas del reglamento "corregido" en el próximo plenario del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, en lo que se refiere al artículo 1º, donde se menciona “la capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo... para la eficaz prestación de los servicios de justicia, mediante nuevos instrumentos de gestión y técnicas de trabajo”, Kiper señaló que “la capacitación no debe limitarse a los nuevos instrumentos de gestión y técnicas de trabajo. Debe también preverse la capacitación jurídica (tratados internacionales, novedades legislativas, etc), así como el conocimiento de la llamada “interdisciplina” (conocimiento de la aplicación de la ciencia médica, económica y otras –en la investigación de delitos, en la determinación de la filiación, en la solución de conflictos familiares, accidentes de tránsito, problemas de trabajadores y empresas)”.
Kiper también se mostró contrario a un párrafo que habla de la “incentivación de una reforma cultural en la Administración de Justicia”, considerando que “esta frase me parece poco feliz y ambigua ya que parte de un prejuicio, cuando no se conocen estudios serios acerca de si existe, o no, una determinada cultura judicial y, por otro lado, no queda claro en qué consistiría tal reforma cultural. “Por otra parte, - agregó el camarista civil-, es de público conocimiento que el Presupuesto del Poder Judicial es merced a los continuos recortes que sufre, y también por la realización de gastos superfluos, absolutamente insuficiente. La mayoría de las necesidades de los jueces no pueden ser atendidas, y sus pedidos suelen ser archivados o desestimados por falta de dinero. En estas condiciones, producirá un efecto negativo la designación de numerosas personas, muchas de ellas con una importante retribución, cuando una de las misiones de este Consejo es la de asegurar la eficiencia en el funcionamiento del servicio de justicia”. Haciéndose eco de esta critica, Fernández Moores señaló que para ocupar los cargos estaba previsto “llamar a concurso pero faltan recursos presupuestarios”.
Se estima que la Escuela Judicial insumiría una partida cercana a los 200.000 pesos del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Por esta razón es que se debatirá en la próxima reunión plenaria tercerizar los cursos de capacitación de los magistrados a las asociaciones públicas o privadas que bien pueden ser la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) o la Universidad de Buenos Aires, para evitar solicitar una partida que según Fernández Moores “el Ejecutivo no va a aprobar”.