En su presentación, el organismo advierte que tales ejercicios tienden a la creación "de una especie de fuerza multilateral de acción rápida para intervenir en un conflicto interno de otro país, sin que los pactos o convenios pasen por los respectivos parlamentos"
El SERPAJ se sumó así a una presentación similar radicada en el juzgado Nacional de Primera instancia en los Contencioso Administrativo 2, donde la Asociación Americana de Juristas presentó una acción de amparo pidiendo la interrupción de las maniobras denominadas "Ejercicios Cabañas 2001", en el territorio nacional.
Al sumarse a la demanda contra el Estado Nacional, el organismo de los derechos humanos reclamó a la justicia que "se disponga ordenar al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata suspensión y /o interrupción del Ejercicio y la salida del país de todas las tropas extranjeras ingresadas al territorio nacional para participar del mismo", como medida precautoria "a fin de evitar una sentencia ilusoria".
En ese sentido recordó que en su mensaje del 20 de junio pasado al Congreso, en oportunidad de solicitar la autorización para la realización de los Ejercicios conjuntos, el Ejecutivo reconoció que "el ingreso de las tropas de distintos países" debía contar con la aprobación parlamentaria, según lo establecido en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional.
Debido a que dicha autorización no fue concedida aún por el Congreso y ante versiones periodísticas acerca de que dichas tropas ya ingresaron al país, pese a que no comenzaron los ejercicios, reclaman que se dicte una medida precautoria a tal efecto.
El SERPAJ señaló que en el mensaje al Parlamento no se acompañan detalles de los acuerdos celebrados entre los países participantes y "no hay precisiones sobre número de efectivos extranjeros y naturaleza del armamento que ingresa al país, financiamiento y dirección", ya que se justifica su realización en "una operación de mantenimiento de la paz" de Naciones Unidas, enmarcado en "el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la región en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales".
Advierte el SERPAJ al respecto que "es de toda evidencia que la hipótesis de conflicto planteada para las fuerzas armadas de nuestro país, de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay bajo el auspicio, financiamiento y dirección de los Estados Unidos de América, es la del enemigo interno, una nueva edición de las doctrinas de la seguridad nacional, del “conflicto de baja intensidad” y del “Plan Cóndor”, cuyas consecuencias trágicas para los pueblos del sub-continente son harto conocidas y motivo de enjuiciamiento penal en el país y en el exterior".
Asimismo, el organismo sostiene que los argumentos oficiales acerca de que los ejercicios se encuadran en los planes de capacitación de las fuerzas de paz de la ONU son "de manifiesta falsedad, ya que están en antagonismo con la Carta de esa organización que prevé explícitamente que, salvo en caso de legitima defensa, el Consejo de Seguridad retiene el derecho exclusivo de determinar la necesidad del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la convocatoria de las fuerzas y el control de su despliegue".