En total se inscribieron 23 personas, pero sólo 19 se presentaron para la prueba escrita. De esos 19 aspirantes, 16 aprobaron el examen escrito y pasaron al oral. De los 16 que rindieron ese examen sólo aprobaron María Luisa Cannata y Orieta Daniela Cháler.
La mesa que tomó al evaluación, estuvo integrada por los abogados Ventura González y Oscar Mellado, y los jueces de la Primera Cámara Penal Julio Carrizo y Víctor Comeglio.
Al conocerse la noticia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, dijo que "este tipo de situaciones ya se ha dado en otras ocasiones" y consideró que es "una contingencia y ya veremos cómo avanzamos".
Según fuentes judiciales, muchos de los postulantes ocupan cargos de secretarios en los actuales juzgados de Instrucción.
Elección “a dedo”
Debido al “bochazo” generalizado que produjo el examen a los aspirantes a fiscales de Instrucción, ahora el Poder Judicial de la provincia propuso designar transitoriamente “a dedo’’ a estos funcionarios y así poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal (CPP) en el tiempo previsto (1 de octubre). Esta novedad fue confirmada ayer por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares.
“Vamos a solicitar a la Legislatura que le permita al Procurador designar como fiscales interinos a quienes cumplan con los requisitos formales. De esta manera salvaremos la falencia que se dio con el tema del examen”, habría dicho Nanclares delante de varios legisladores. Pero aclaró: “Esta designación transitoria no pone en tela de juicio a la figura del Consejo de la Magistratura. Es un sistema de emergencia que se ha utilizado en otras jurisdicciones, como en Entre Ríos, que cuando hay problemas de vacancias facultan a la Corte para nombrar en comisión a funcionarios que estén en condiciones de cumplir con esa función”.
Para que esto ocurra, la Legislatura deberá aprobar un proyecto de ley que ya fue enviado en el día de ayer. Cuando la iniciativa sea aprobada por diputados y senadores, el procurador elevará la lista de fiscales interinos a la Corte, que tendrá la última palabra. La elección apunta a personal del Poder Judicial, especialmente a los secretarios y prosecretarios de los juzgados y fiscalías instructoras que no rindieron examen. Otros que tienen chances son los funcionarios de la Procuración.