El Estatuto fue adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, y se convirtió en legislación interna de nuestro país con la sanción de la ley 25.390.
Entre los objetivos planteados por Yoma se encuentran los de adoptar definiciones y uso de términos; la aplicación de la ley; los principios generales; los delitos contra el derecho internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra; delitos contra la administración de justicia por la corte penal internacional; relaciones con la corte penal internacional; elección de magistrados; remisión de situaciones a la corte penal internacional e impugnación de competencia o admisibilidad; cooperación internacional y asistencia judicial; ejecución de penas y ordenes de reparación, multa o decomiso.
Por su parte el propuesto por Eduardo Menem contempla como otros items la responsabilidad penal; la aplicación de prisión o reclusión perpetua en el caso de delitos de lesa humanidad o genocidio; y la solicitud de detención y entrega de personas a la Corte.
Finalmente el elaborado por la senadora Cristina Fernández de Kichner amplía el espectro ahondando en temas como las disposiciones generales: el objeto, alcance, ámbito de aplicación, y aplicación supletoria; en el caso de las penas, agrega la graduación de las mismas, y el principio de legalidad; en la elección de magistrados y representantes para la asamblea de los estados partes: el mecanismo para su elección; en lo referente a la cooperación internacional y asistencia judicial, hace hincapié en la solicitud de detención y entrega, y en la de detención provisional de personas a la Corte, a la remisión a la autoridad competente, etc.; y agrega otras formas de cooperación con la Corte Penal Internacional, como ser las solicitudes de cooperación, requisitos, remisión, procedimiento para llevar a cabo las medidas, denegación de asistencia, comunicación a la Corte o al fiscal, actuación del fiscal, recursos, apelación; y además, las erogaciones a cargo del estado argentino, tales como fondos y gastos. El proyecto de implementación del Estatuto que recibió media sanción de la Cámara alta es el que corresponde a Jorge Yoma, y fue remitido a la Cámara de Diputados para que ellos consideren algunas modificaciones hechas por los senadores, que recomendaron aprobar otro proyecto de ley que integre los tres expedientes. Por lo cual ahora habrá que esperar las votación en el recinto de la Cámara baja, con la esperanza de que no surjan más reformas que puedan dilatar la implementación de tan importante tratado internacional.