Enfermedad profesional

En ese sentido, el abogado Eduardo Barcesat -representante de los querellantes- señaló que en forma “totalmente irrazonable” la juez Laura Garrigos de Rébori entendió que la culpa por las lesiones denunciadas es de las víctimas, ya que por su especialización no podían desconocer el riesgo de contraer enfermedades y que –no obstante- siguieron prestando servicios en ese hospital.

En su exposición ante la Sala V el letrado efectúo un análisis de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el uso de los aparatos de Rayos X, señalando que claramente esa normativa asigna la responsabilidad por el buen estado y uso de los equipos a las autoridades sanitarias, al director del hospital municipal y al jefe del servicio de radiología.

Entonces, para el letrado la resolución judicial intenta una derogación de la normativa vigente y configura de ese modo lo que se puede designar como un paradigma de sentencia arbitraria.

Según los querellantes, por estar sometidos a los Rayos X sin las medidas de seguridad requeridas, varios de ellos presentan cuadros de nóludos tiroideos, esperma emprobrecido y cáncer de piel por la exposición diaria a ese tipo de rayos perjudiciales para la salud.

Para el grupo, los responsables de su actual estado de salud son las autoridades sanitarias del Gobierno de la Ciudad y del centro asistencial ya que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitar las fugas de energía que tenían los artefactos con los que trabajaban.

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