Según fuentes judiciales la organización Greenpeace podría ser multada y podría prohibirse a la ONG realizar protestas o manifestar contra las políticas ambientalistas en Estados Unidos durante cinco años en el caso de que la organización sea considerada culpable de los cargos que se imputan en su contra.
A raíz de esos hechos, el grupo fue arrestado recuperando la libertad aunque luego fiscales federales decidieron llevar el caso a los estrados judiciales –juicio por jurados mediante- en base a los supuestos delitos que habían cometido.
La causa se inició contra la organización ambientalista Greenpace en su conjunto y no contra sus miembros y la entidad está acusada del supuesto delito de "tráfico de marineros", una figura poco conocida del siglo XIX.
La ley que no se aplica desde 1890, pena el abordaje de buques y embarcaciones por parte de personas no autorizadas y se remonta al siglo XIX cuando los burdeles mandaban a prostitutas a los barcos que arribaban a los puertos para embriagar a marineros, llevarlos a tierra firme y luego negociar su libertad.
Por su parte, la organización ambientalista señaló que sus activistas estaban resaltando la comisión de un crimen y dándole al gobierno una oportunidad de cumplir con su promesa de proteger la caoba, argumentando en su defensa que una condena significaría un precedente peligroso para “la libertad de expresión” y el “derecho a la protesta” en Estados Unidos.