Los hechos se remontan a 2002 cuando activistas de Greenpeace abordaron un buque de carga cerca de las costas de La Florida donde colgaron una pancarta que criticaba al presidente de los Estados Unidos, George Bush, por su desinterés en la supuesta tala ilegal de árboles.
Según fuentes judiciales la organización Greenpeace podría ser multada y podría prohibirse a la ONG realizar protestas o manifestar contra las políticas ambientalistas en Estados Unidos durante cinco años en el caso de que la organización sea considerada culpable de los cargos que se imputan en su contra.
A raíz de esos hechos, el grupo fue arrestado recuperando la libertad aunque luego fiscales federales decidieron llevar el caso a los estrados judiciales –juicio por jurados mediante- en base a los supuestos delitos que habían cometido.
La causa se inició contra la organización ambientalista Greenpace en su conjunto y no contra sus miembros y la entidad está acusada del supuesto delito de "tráfico de marineros", una figura poco conocida del siglo XIX.
La ley que no se aplica desde 1890, pena el abordaje de buques y embarcaciones por parte de personas no autorizadas y se remonta al siglo XIX cuando los burdeles mandaban a prostitutas a los barcos que arribaban a los puertos para embriagar a marineros, llevarlos a tierra firme y luego negociar su libertad.
Por su parte, la organización ambientalista señaló que sus activistas estaban resaltando la comisión de un crimen y dándole al gobierno una oportunidad de cumplir con su promesa de proteger la caoba, argumentando en su defensa que una condena significaría un precedente peligroso para “la libertad de expresión” y el “derecho a la protesta” en Estados Unidos.
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