El primer mandatario provincial estableció, a través del decreto número 10, la rebaja salarial para el Poder Judicial, que calificó de “contribución general”, y cuyo porcentaje coincide con la reducción de haberes dispuesta días atrás para los empleados del Poder Ejecutivo.
La norma también pone al Poder Judicial bajo los alcances de la Ley de la Función Pública, ya vigente para el Poder Ejecutivo provincial, que permite la desvinculación compulsiva de empleados en el caso que no puedan ser reubicados luego de un proceso de reestructuración interna que se llevará a cabo.
El artículo 199 de la Constitución Provincial establece que: “Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles, en consecuencia:...
...4. No es disminuida la remuneración mensual con que son retribuidos, la que deberá mantener su valor económico pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales.”
Mientras tanto el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro advirtió que apelará la resolución de Verani por entender que atenta contra el concepto de intangibilidad de los magistrados previsto en la Constitución provincial. Es que esta medida hecha por tierra las negociaciones iniciadas por el Superior Tribunal de Justicia provincial que medió entre los jueces de las tres circunscripciones Viedma, Bariloche y General Roca para que los magistrados acepten renunciar a los medio aguinaldos (de julio y diciembre) como forma de cooperación en el marco del ajuste dispuesto por el Ejecutivo. En un principio los magistrados de Bariloche fueron los más reacios al recorte del aguinaldo pero tras la mediacion del presidente del Máximo Tribunal, Víctor Sodero Nievas habían llegado a un acuerdo el viernes pasado.
Por otra parte, el decreto de Verani autoriza a la Justicia a la aplicación de mecanismos de financiamientos propios, como por ejemplo recaudar dinero por la "venta y alquiler" de bienes muebles o inmuebles que dependan de ella, incluso, los secuestrados en causas judiciales y que no hayan sido entregados a sus dueños.
La norma faculta, además, al Superior Tribunal de Justicia para la reformulación funcional del Poder Judicial, incluyendo la determinación de horarios y extensión de la feria, a la que por ahora sólo fija en el mes de enero, dejándole a los jueces la posibilidad de un receso invernal.
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