?Fusión transfronteriza en el Mercosur?

FUNDAMENTOS

1. Introducci�n La nueva cosmovisi�n que trae consigo la integraci�n econ�mica plantea a las empresas, normalmente organizadas jur�dicamente bajo la forma societaria, la necesidad de adaptarse a fin de responder a las necesidades emergentes de un mercado ampliado. En tal contexto, la concentraci�n econ�mica aparece como una de las respuestas al nuevo desaf�o, a trav�s de variados mecanismos, entre los que cabe mencionar las adquisiciones de participaciones, los diversos contratos de empresa y la fusi�n societaria. La fusi�n ha sido considerada por la doctrina como la forma m�s perfecta y refinada de la concentraci�n econ�mica. Cuando lo que se desea es realizar la fusi�n entre sociedades comerciales sometidas a distintas leyes nacionales (fusi�n internacional o fusi�n transfronteriza), los obst�culos de orden legislativo, entre otros, pueden hacer fracasar la operaci�n. Entendemos que en el marco de un proceso de integraci�n debe alentarse la fusi�n entre sociedades sometidas a las legislaciones de los Estados que participan del mismo. En el camino emprendido no puede prescindirse de la experiencia europea, no para efectuar su recepci�n a ciegas, sino, por el contrario, para analizar las instituciones que reconoce, los m�todos que emplea y las dificultades que se encontraron, y acomodar sus soluciones a las condiciones particulares de la regi�n, teniendo en cuenta la normativa de los Estados cuyas legislaciones se pretende armonizar.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

2. La experiencia europea El fen�meno de la fusi�n societaria en el marco comunitario europeo fue encarado en una doble direcci�n, abord�ndose la fusi�n interna por una parte y la fusi�n internacional por otra.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

2.1. Fusi�n interna.� La armonizaci�n de la normativa relativa a la fusi�n de sociedades que se produce en el �mbito interno de un Estado miembro fue abordada por la Tercera Directiva N� 78/855/EEC del 9 de octubre de 1978 aplicable a las sociedades an�nimas1, dictada en cumplimiento del art. 54.3 g) del Tratado de Roma constitutivo de la CEE2. Esta resulta aplicable a las fusiones en las que dos o m�s sociedades an�nimas que respondan a los criterios del p�rrafo 2 del art. 58 del Tratado de la Comunidad Europea relativa a la� fusi�n de sociedades an�nimas3.� El motivo por el cual se limit� a las sociedades an�nimas deviene del hecho de que son sociedades de grandes dimensiones, constituidas bajo esta forma, las que optan por recurrir a la fusi�n4. Uno de los pilares en los que se funda la Directiva es la protecci�n de los derechos e intereses de las sociedades, de los accionistas y de los acreedores. Contempla la fusi�n por absorci�n, la fusi�n por creaci�n, y una serie de operaciones equiparadas a la fusi�n respecto de algunas de sus normas5.� Aborda las distintas etapas a seguir en la realizaci�n de la fusi�n. En particular, destacamos que se requiere la elaboraci�n de un proyecto de fusi�n por los �rganos de administraci�n o direcci�n de las sociedades que se fusionan, cuyas estipulaciones m�nimas son tambi�n establecidas por la Directiva6. Los mismos �rganos deber�n elaborar un informe escrito detallado, explicando los t�rminos de la fusi�n proyectada, se�alando sus fundamentos legales y econ�micos, y en particular la relaci�n de cambio de las acciones, as� como �en tanto existieran- las dificultades en las valuaciones. Con respecto a la publicidad del proyecto, deber� cumplirse con los mecanismos prescriptos por la legislaci�n de cada Estado miembro dictada de conformidad con el art. 3 de la Primera Directiva 68/151/EEC, en relaci�n a cada una de las sociedades fusionantes, como m�nimo un mes antes de la fecha fijada para la Asamblea o Junta General. Se prev� la redacci�n de un informe por escrito por uno o m�s expertos independientes quienes, gozando de derechos de informaci�n e inspecci�n, verificar�n muy especialmente lo relativo a la relaci�n de cambio. El derecho de informaci�n de los accionistas con respecto a esta operaci�n se halla adecuadamente protegido, ya que se prev� que estos tengan a su disposici�n, con una anticipaci�n m�nima de dos meses respecto de la fecha de celebraci�n de la Junta o Asamblea, tanto el proyecto de fusi�n, como el informe de los expertos y las cuentas sociales correspondientes a los tres �ltimos ejercicios, eventualmente acompa�ados de un balance de situaci�n. La siguiente etapa corresponde a la aprobaci�n por las asambleas generales de accionistas de las sociedades que se fusionan. Al respecto se establece una mayor�a m�nima y excepcionalmente prev� que los Estados miembros establezcan la mayor�a simple de los votos cuando al menos la mitad del capital suscripto est� representado. Asimismo se prev� una regulaci�n espec�fica para los supuestos de existencia de diferentes clases de acciones. Las decisiones que adopten las asambleas generales tambi�n deben publicarse. Con respecto a la protecci�n de los intereses de los acreedores, la Directiva impone a los Estados miembros establecer medidas de protecci�n de los acreedores de las sociedades que se fusionan, cuyos cr�ditos, no vencidos, fueran anteriores a la publicaci�n del proyecto de fusi�n. Las leyes de los Estados miembros deber�n prever como m�nimo la facultad de los acreedores de requerir garant�as adecuadas cuando la situaci�n financiera de las sociedades que se fusionan hagan necesaria tal protecci�n, y en tanto no dispusieron ya de estas garant�as.� Se prev� que en aquellos casos en los que la legislaci�n del Estado miembro no prevea un control de legalidad -judicial o administrativo-, los t�rminos de la decisi�n de fusi�n y el acto de fusi�n posterior a la decisi�n asamblearia, deben ser llevados a cabo por escritura p�blica. En el caso en que la fusi�n no debiera ser aprobada por las asambleas de todas las sociedades que participan en el proyecto de fusi�n, deber�n hacerse escritura p�blica7. La fusi�n debe ser publicada y en cuanto a la determinaci�n de la fecha a partir de la cual surte efectos, la Directiva la ha dejado librado a los Estados miembros. Se prev� que los Estados deban establecer un r�gimen de responsabilidad civil hacia los accionistas de la sociedad absorbida, para los supuestos de faltas de los administradores en el proceso de preparaci�n e implementaci�n de la fusi�n y por parte de los expertos a los que se hizo referencia. En lo que se refiere al r�gimen de nulidades, la Directiva limita en forma estricta las causales, estableciendo un plazo para ejercer la acci�n. Cuando se trata del supuesto de fusi�n por creaci�n se aplican las mismas normas con las salvedades terminol�gicas que correspondan.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

2.2. Fusi�n transfronteriza. Las legislaciones internas de los Estados Miembros no favorecen la fusi�n de sociedades sujetas a distintas legislaciones nacionales8.� En 1962 un Comit� de expertos y representantes gubernamentales, elabor�, en funci�n del art. 220.3 del Tratado de Roma, un proyecto preliminar de Convenci�n sobre Fusi�n Internacional. Luego de una serie de modificaciones, en 1973 se present� un Proyecto de Convenio sobre la Fusi�n Internacional de Sociedades An�nimas, que consagraba la posibilidad de fusi�n de sociedades constituidas de conformidad con las leyes de distintos Estados contratantes, recurriendo tanto al m�todo de elecci�n como al de creaci�n 9. M�s recientemente se ha elaborado una Propuesta de D�cima Directiva10 cuyo objetivo es armonizar las leyes referentes a fusiones transfronterizas, con fundamento en el art. 54-3 del Tratado de Roma11, abandon�ndose la t�cnica del convenio12. Esta propuesta de Directiva define la fusi�n transfronteriza, reenviando a la Tercera Directiva en muchos aspectos13. La idea general que preside el Proyecto de Directiva es que los Estados Miembros regulen la fusi�n transfronteriza de conformidad con la Tercera Directiva, con excepci�n de aquellos aspectos respecto de los cuales se haya dispuesto en forma distinta. En tal sentido se destaca que el proyecto de fusi�n transfronteriza debe ser redactado por acto p�blico, si as� lo dispone la legislaci�n a la cual se halle sujeta una o m�s sociedades participantes de la fusi�n transfronteriza. Ello implica otorgar prevalecencia a la ley que establece mayores exigencias formales. Por otra parte, la publicaci�n del Proyecto debe ser m�s amplia, requiri�ndose informaciones adicionales (p.e. localizaci�n de los registros p�blicos que posean informaci�n sobre sociedades participantes de la fusi�n). Con respecto al/los expertos deber�n ser nombrados o al menos su designaci�n deber� ser aprobada por un �rgano judicial o administrativo del Estado miembro al que pertenezca alguna de las sociedades que se fusionan. Asimismo se establece que el �rgano de administraci�n deber� elaborar un informe destacando los efectos que la fusi�n podr�a producir con relaci�n a los trabajadores. En relaci�n al r�gimen de nulidad se destaca que �sta no podr� ser declarada si la legislaci�n a la cual se halla sujeta la sociedad absorbente no prev� la nulidad de la fusi�n por falta de control de legitimidad, judicial o administrativo, o por la ausencia de escritura p�blica. En cuanto a la fecha a partir de la cual la fusi�n transfronteriza produce efectos, se remite a la legislaci�n del Estado miembro al cual se halla sujeta la sociedad absorbente, quedando entendido que la operaci�n no puede producir efectos antes que fueran efectuados los controles prescriptos para cada una de las sociedades participantes y se hallen cumplidas las formalidades previstas. Con respecto a las mayor�as requeridas para la validez de la decisi�n de fusi�n, y en relaci�n a las hip�tesis de nulidad, se prev� expresamente que los Estados miembros no pueden exigir una mayor�a m�s elevada que aquella que exigen para la fusi�n de sociedades sujetas a su legislaci�n. Por otra parte, los Estados Miembros no pueden prever causales de nulidad de la fusi�n transfronteriza no previstas para las fusiones internas.

3. La fusi�n transfronteriza en los Estados parte del Tratado de Asunci�n

3.1. Fuentes internacionales. Destacamos la carencia de normas de fuente internacional destinadas a regular la fusi�n transfronteriza de sociedades constituidas en distintos Estados.

3.2. Fuentes nacionales. Los sistemas nacionales de derecho internacional privado de los Estados parte del Tratado de Asunci�n carecen de normas aplicables a los supuestos de fusi�n internacional, aunque regulan con mayor o menor grado de exhaustividad la fusi�n interna.� Ello conduce a la necesidad de aplicar en forma acumulativa las leges societatis de las sociedades involucradas en la fusi�n. Se ha destacado que las diferencias en el tratamiento de la instituci�n en los distintos sistemas legislativos giran en torno a la ausencia de regulaci�n expresa de la fusi�n, reg�menes de control, criterio de valuaci�n de bienes, publicidad, protecci�n de accionistas y terceros, entre otras14, que pueden adquirir aristas conflictivas cuando se internacionalizan los casos.� De la exposici�n efectuada en relaci�n a la experiencia europea surge que la regulaci�n de la fusi�n transfronteriza no difiere de la fusi�n interna. De tal modo, a los efectos de la propuesta que efectuaremos, resulta necesario partir de un an�lisis comparativo de la normativa que regula la fusi�n interna, a fin de advertir aquello que las aproxima, as� como lo que las distancia, analizando si las diferencias� son susceptibles de ser superadas, o si responden a principios fundantes de la legislaci�n.� Los cuatro Estados parte del Tratado de Asunci�n han contemplado y regulado tanto la fusi�n tanto la fusi�n por absorci�n como la fusi�n por creaci�n de sociedades regidas por sus leyes, permiti�ndola a�n entre sociedades de distinto tipo.� Los conceptos que tienen de dichas operaciones son muy similares. Sin embargo, se destaca que la legislaci�n uruguaya considera asimismo como una operaci�n asimilada a aquella por la cual una sociedad disolvi�ndose o no, transmita una o m�s cuotas partes de su patrimonio a una sociedad o sociedades existentes o participe en ella o ellas, en la creaci�n de una nueva sociedad. Las semejanzas y diferencias legislativas permiten agrupar, para su an�lisis, en una categor�a a las legislaciones argentina, paraguaya y uruguaya, y en otra, la legislaci�n brasile�a.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

3.2.1 Legislaci�n Argentina, Paraguaya y Uruguaya15

(a) Existencia de un compromiso previo de fusi�n. Este acto deber� ser otorgado por los representantes legales, estableciendo, excepto la normativa paraguaya, cu�l ha de ser su contenido, con indicaci�n de las estipulaciones m�nimas que tal acto debe contener. En cuanto a la forma podr� recurrirse tanto al instrumento privado cuanto a la escritura p�blica; (b) Balances especiales. Las legislaciones analizadas requieren su confecci�n, destac�ndose que en el caso de las legislaciones argentina y uruguaya, los mismos integran el compromiso previo de fusi�n; (c) En orden a la fecha a la que los mismos deben ser preparados, s�lo la legislaci�n paraguaya establece una fecha, concreta (la fecha del acuerdo o del compromiso previo); la legislaci�n argentina establece que no ser� anterior a tres meses a la firma del acuerdo y la uruguaya s�lo exige que se establezca la fecha a la cual se realizan y el tratamiento que se dar� a las variaciones posteriores; (d) Resoluci�n social. La adopci�n de una resoluci�n social de fusionarse es exigida en las legislaciones analizadas. Tal resoluci�n deber� ser adoptada, en el caso de las normativas argentina y uruguaya, por las mayor�as requeridas para la modificaci�n de los respectivos contratos sociales16; en el caso de la legislaci�n paraguaya se requerir�a unanimidad por aplicaci�n de la normativa relativa a la disoluci�n anticipada. El derecho de informaci�n de los accionistas respecto a la operaci�n a realizarse se halla protegido a trav�s de distintas normas; (e) Publicidad del compromiso de fusi�n. Exigen la publicaci�n del compromiso previo de fusi�n, estableciendo las legislaciones argentina y uruguaya los requisitos de la misma. En cuanto a la legislaci�n paraguaya debe cumplirse con la publicidad exigida por la transferencia de establecimiento; (f) Protecci�n de los acreedores. Establecen un sistema de protecci�n a priori, reconociendo y reglamentando el derecho de oposici�n de los acreedores. En cuanto al plazo para el ejercicio del derecho de oposici�n est� expresamente establecido en la legislaci�n uruguaya y argentina17. La normativa paraguaya no lo establece expresamente18. En cuanto a los efectos que produce la oposici�n destacamos que en el caso de las legislaciones paraguaya y uruguaya, si los acreedores son pagados o debidamente garantizados, se puede realizar la fusi�n; si existen discrepancias en cuanto a las garant�as la legislaci�n paraguaya establece que deber� resolverse judicialmente, mientras que la legislaci�n uruguaya prev� asimismo la inapelabilidad de sentencia en los casos en los que la deudora ofrezca garant�as y el acreedor se niegue a aceptarlas. En tanto, la legislaci�n argentina prev� que, si formulada la oposici�n, el acreedor no fuese desinteresado o debidamente garantizado, no se podr� otorgar el acuerdo definitivo hasta veinte d�as despu�s de vencido el plazo a fin de que �stos puedan obtener embargo judicial; (g). Derecho de receso. Este derecho es reconocido y reglamentado por las legislaciones analizados, difiriendo el plazo para su ejercicio19; (h) Rescisi�n y revocaci�n del compromiso previo de fusi�n. La legislaci�n argentina prev� que podr� ser dejado sin efecto por cualquiera de las sociedades si no se hubiesen obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorio en el t�rmino de tres meses; a su vez prev� la posibilidad de qu� puedan ser revocadas las resoluciones sociales mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo, con los mismos recaudos que para su celebraci�n y siempre que no causen perjuicios a las sociedades, los socios y los terceros.� Por su parte, la legislaci�n uruguaya prev� que podr� ser dejado sin efecto de com�n acuerdo, en cuyo caso la decisi�n debe ser tomada por mayor�a y con los requisitos para resolver la fusi�n. Este ordenamiento tambi�n prev� la rescisi�n parcial; (i) Acuerdo definitivo de fusi�n. Su otorgamiento est� previsto por las legislaciones nacionales, existiendo diferencias en cuanto a las estipulaciones que el mismo debe contener; (j) Inscripci�n. Se halla prevista en las legislaciones analizadas las inscripciones registrales, tanto en los registros que correspondiere en virtud del derecho societario, como en aquellos registros en los que por la naturaleza de los bienes fuere necesario.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

3.2.2. Legislaci�n Brasile�a

(a) Resoluci�n. La decisi�n debe ser adoptada en la forma prevista para la alteraci�n de los respectivos estatutos o contratos sociales. Las operaciones de incorporaci�n, fusi�n o escisi�n ser�n sometidas a la decisi�n de la asamblea general de las compa��as interesadas mediante una fundamentaci�n, estableci�ndose las estipulaciones m�nimas que la misma debe contener; (b) Protocolo. Las condiciones de incorporaci�n, fusi�n o escisi�n como la incorporaci�n en sociedad existente constar�n en protocolo firmado por los �rganos de administraci�n o los socios de las sociedades interesadas, estableci�ndose cu�l habr� de ser su contenido; (c) Aspectos contables. Prev� la intervenci�n de expertos, estableci�ndose que no se podr�n realizar las operaciones si los peritos nombrados determinan que el valor del patrimonio o patrimonios l�quidos a ser aportados para la formaci�n del capital social es por los menos igual al monto del capital a realizar; (d) Particularidades en caso de incorporaci�n (fusi�n por absorci�n). La asamblea general de la compa��a incorporante, si aprueba el protocolo de la operaci�n, deber� autorizar el aumento de capital a ser suscripto y realizado por la incorporante. La sociedad que hubiera de ser incorporada, si aprueba el protocolo de la operaci�n, autorizar� a sus administradores a practicar los actos necesarios para la incorporaci�n, incluso la suscripci�n del aumento de capital de la incorporante; (f). Particularidades en caso de fusi�n. La asamblea general de cada compa��a, si aprueba el protocolo de fusi�n, deber� nombrar los peritos que valuar�n los patrimonios l�quidos de las dem�s sociedades. Presentados los laudos, los administradores convocar�n a los socios o accionistas de las sociedades para una asamblea general, que tornar� conocimiento de los mismos y resolver� sobre la constituci�n definitiva de la nueva sociedad, vedando a los socios o accionistas votar el laudo de valuaci�n de patrimonio l�quido de la sociedad de la que fuesen parte; (g) Efectos y publicidad. En caso de fusi�n por incorporaci�n, aprobados por la asamblea general de la incorporante el laudo de valuaci�n y la incorporaci�n, se extingue la incorporada y compete a la incorporante promover la inscripci�n y la publicidad de los actos de incorporaci�n. En caso de fusi�n por amalgama se constituye una nueva compa��a en la que se observar�n las normas reguladoras de la constituci�n de sociedades de su tipo y corresponde a los primeros administradores promover la inscripci�n y publicaci�n de los actos de fusi�n; (h) Derecho de receso: La incorporaci�n de una compa��a a otra, su fusi�n o escisi�n es una de las materias que otorgan al accionista disidente el derecho de retirarse de la compa��a mediante reembolso del valor de sus acciones, dentro de los treinta d�as contados a partir de la publicaci�n del acto de asamblea que aprueba el protocolo o fundamentaci�n de la operaci�n. Este derecho es reconocido al accionista disidente en la deliberaci�n de la asamblea, inclusive al titular de acciones preferidas sin derecho a voto, al ausente y al que se haya abstenido de votar; (i) Posibilidad de dejar sin efecto la fusi�n. Los �rganos de administraci�n est�n facultades para convocar en los diez d�as subsiguientes al vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del derecho de receso, a la asamblea general para reconsiderar o ratificar la decisi�n, si entendieran que del pago el precio de reembolso de las acciones a los accionistas disidentes que ejercieran el derecho de receso pondr� en riesgo la estabilidad financiera de la empresa; (j) Derechos de los debenturistas. La incorporaci�n, fusi�n o escisi�n de una compa��a emisora de debentures en circulaci�n depender� de la previa aprobaci�n de los debenturistas reunidos en asamblea especialmente convocada a ese fin. Si les fuese asegurada a los debenturistas que la desearen, durante el plazo m�nimo de seis meses contados a partir de la publicaci�n de las actas de asambleas relativas a la operaci�n, el rescate de los debentures de los que fueren titulares, podr� dispensarse tal requisito, en cuyo caso la sociedad escindida y las que absorbieran parcelas de su patrimonio responder�n solidariamente por el rescate de los debentures; (k) Derechos de los acreedores en la incorporaci�n o fusi�n. Hasta sesenta d�as despu�s de publicados los actos relativos a la incorporaci�n o a la fusi�n, los acreedores anteriores a ella perjudicados podr�n demandar judicialmente la anulaci�n de la operaci�n. Vencido este plazo caduca la acci�n. La consignaci�n de importancia en pago perjudica la anulaci�n demandada; siendo il�quida la deuda la sociedad podr� garantizar la ejecuci�n, suspendi�ndose el proceso de anulaci�n. Si en este plazo se produce la quiebra de la sociedad incorporante o de la sociedad nueva, cualquier acreedores anterior tendr� el derecho de pedir la separaci�n de patrimonios a fin de ser pagados los cr�ditos con los bienes de las respectivas masas; (l) Registraci�n. La certificaci�n pasada por el Registro de Comercio de la incorporaci�n, fusi�n o escisi�n, es documento h�bil para la registraci�n en los registros p�blicos competentes de la sucesi�n emergente de la operaci�n en los bienes, derechos y obligaciones.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

4. La propuesta

El an�lisis efectuado a partir de lo expuesto, nos permite concluir que resulta posible la adopci�n de un instrumento que regule en el �mbito intra-Mercosur la fusi�n transfronteriza de sociedades sometidas a las legislaciones nacionales de los Estados partes. Ello, en tanto si bien carecen de normas que en sus tipos legales contemplen el caso o alg�n/os aspecto/s de la fusi�n transfronteriza, reconocen la fusi�n societaria corno instituci�n y la regulan en mayor o menor detalle; instituyen un r�gimen de protecci�n de los acreedores; reconocen el derecho de receso; los efectos que atribuyen a la fusi�n son pr�cticamente id�nticos. Adem�s, las diferencias que separan a las legislaciones no responden a una concepci�n en particular, sino que m�s bien obedecen a razones de car�cter t�cnico (diferencias en las estipulaciones que deben contener los actos; extensi�n de los distintos plazos; distintas mayor�as; legitimados para receder, por ejemplo). Estas razones, entre otras, nos permiten sostener que no resulta necesaria, la armonizaci�n de las normas destinadas a regular los casos de fusiones puramente internas, al menos en los pr�ximos a�os. Sin embargo consideramos que resulta conveniente acordar un r�gimen aplicable en la intrazona relativo a la fusi�n transfronteriza de sociedades sometidas a las legislaciones de los Estados partes del Tratado de Asunci�n.

4. 1. Forma� Proponemos la negociaci�n y suscripci�n de un Protocolo, con el mismo status jur�dico que los relativos, por ejemplo, a Jurisdicci�n Internacional en Materia Contractual y de Medidas Cautelares.

4.2. M�todo� Proponemos seguir el m�todo de creaci�n, acordando normas materiales uniformes que regulen los diversos aspectos, teniendo en cuenta la experiencia europea y la opini�n generalizada con respecto a la inconveniencia del m�todo conflictual cuando se trata de regular la fusi�n transfronteriza.

4.3. Aspectos a contemplar

4.3.1. Permitir la fusi�n entre sociedades constituidas en distintos estados partes sin limitaci�n tipol�gica

Ello, en tanto si bien reconocemos que ser�n sociedades an�nimas las que tendr�n m�s inter�s en fusionarse, no hallamos justificaci�n para restringirla a este tipo societario. En efecto, si en el proceso de fusi�n participaran sociedades de otro tipo, por ejemplo S.R.L., se la obligar�a a transformarse previamente; esto en la pr�ctica implicar�a introducir un obst�culo que podr�a hacer fracasar la operaci�n. Asimismo destacamos que las normas destinadas a regular las fusiones internan lo permiten.

4.3.2. Regulaci�n de las distintas etapas del proceso de fusi�n

(a) Acuerdo previo o proyecto de fusi�n y confecci�n de balances especiales. Establecer qui�nes habr�n de otorgarlo; forma del acuerdo (entendemos que podr�a hacerse por instrumento privado o por escritura p�blica); estipulaciones m�nimas que debe contener (razones y finalidades que justifiquen la operaci�n; datos de las sociedades cuya fusi�n se proyecta, condiciones generales de la operaci�n; relaci�n de cambio; modificaciones estatutarias que ser�an necesarias para instrumentar la fusi�n, etc.). A su vez establecer la obligaci�n de elaborar, con criterios homog�neos, balances especiales que integren el proyecto de fusi�n. Obviamente, a tal efecto, ser� necesario analizar en forma pormenorizada, cada uno de los �tems mencionados, los distintos criterios de regulaci�n, optando por aquellos que mejor satisfagan los intereses que se tiene en miras proteger. Por otra parte deber� contemplarse en este acuerdo lo relativo a la administraci�n y disposici�n por parte de las sociedades fusionantes, durante el per�odo intermedio; (b) Aprobaci�n por los �rganos de gobierno de las sociedades cuya fusi�n se proyecta.� Estimamos que a fin de favorecer la fusi�n transfronteriza ser�a conveniente adoptar la regla de la mayor�a (simple o calificada) para aprobar el acuerdo previo o proyecto de fusi�n transfronteriza; (c) Publicidad. Una vez obtenidas todas las resoluciones sociales aprobatorias, estimamos conveniente exigir la publicaci�n de un extracto, estableciendo los requisitos m�nimos que el mismo deber� contener, el plazo y medios por los que tal publicaci�n deber� efectuarse. En el mismo extracto deber� hacerse constar el derecho de oposici�n de los acreedores y las condiciones generales para su ejercicio; (d). R�gimen de protecci�n de los acreedores. Establecer un sistema de protecci�n a priori de los derechos de los acreedores, cuyos cr�ditos sean de causa o t�tulo anterior a la fecha de la �ltima publicaci�n del extracto mencionado en el punto anterior. Ser� necesario regular la forma y plazo en que el derecho de oposici�n podr� ser ejercido. Asimismo especificar los efectos que produce la oposici�n, teniendo particularmente en cuenta que no resulta conveniente que impida la consecuci�n del proceso de fusi�n. Ser� necesario analizar las diversas modalidades a las que se ha recurrido en la legislaci�n comparada, que sin desproteger a los acreedores, permiten la concreci�n de la operaci�n. En este contexto tambi�n ser�a merecedora de alguna regulaci�n especial la cuesti�n relativa a los poseedores de t�tulos distintos de las acciones; (e) R�gimen de protecci�n de los socios. El r�gimen a establecer deber� abarcar varios aspectos, entre los que cabe mencionar la puesta a disposici�n de los socios del proyecto de fusi�n y de los balances que lo integran, con antelaci�n suficiente a la fecha en que se deber� producir su aprobaci�n por los �rganos de gobierno y el derecho de receso. Precisamente el derecho de receso en los casos de fusi�n transfronteriza, deber� ser objeto de una regulaci�n espec�fica y exhaustiva; (f). Resoluci�n unilateral del acuerdo previo de fusi�n. Deber�a preverse expresamente la posibilidad de resoluci�n unilateral del compromiso de fusi�n; (g) Acuerdo definitivo de fusi�n. Al igual que en el caso del compromiso de fusi�n ser�a conveniente establecer la forma, qui�nes lo deben otorgar, qu� estipulaciones deber� contener; (h) Inscripci�n del acuerdo definitivo; (j) Publicidad del acuerdo definitivo. Al respecto estimamos apropiado establecer qu� es lo que se deber� publicar, la forma, medios y plazo en el que se deber� efectuar la publicaci�n; (k) Efectos. Se podr�a distinguir la fecha a partir de la cual se producen los efectos entre las sociedades involucradas en la operaci�n, que podr�a dejarse librada a su propia determinaci�n y la fecha a partir de la cual �stos se producen en relaci�n a terceros.

BIBLIOGRAF�A GENERAL

AROZAMENA, Mar�a Jes�s: �Las Concentraciones de Empresas en la Comunidad Europea� 1� edici�n, Madrid, Civitas, 1993.

BENSENOR, Norberto R. y P�REZ Lozano, N�stor O.: "R�gimen Legal y Actuaci�n extraterritorial de sociedades", en Revista Internacional del Notariado, a�o XLIII N� 88, Buenos Aires, s.f.e.

BOGGIANO, Antonio:� Sociedades y Grupos Multinacionales, Buenos Aires, Depalma, 1985.

BUSTAMANTE, Jorge Eduardo: "Fusi�n Internacional de sociedades en Am�rica Latina", Derecho de la Integraci�n, INTAL, vol. VI, N� 13, junio de 1973.

DELFINO CAZET, Luis A.: "Fusi�n. Transformaci�n y Escisi�n de las Sociedades", en La Nueva Ley de Sociedades. Ley 16.060 del 4 de septiembre de 1989. Cursillo realizado en la Facultad de Derecho en setiembre-octubre de 1989, Instituto de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de la Rep�blica, Montevideo, Fundaci�n de Cultura Universitaria, marzo de 1990, pp. 39-46.

FERN�NDEZ DE LA GANDARA, Luis y CALVO CARAVACA, Alfonso Luis: Libertad de Establecimiento y� Derecho de Sociedades en la Comunidad Econ�mica Europea, Madrid, Tecnos, 1988.

GOLDMAN, Berthold y LYON-CAEN, Antoine: �Derecho Comercial Europeo�, Madrid, Banco Hispano Americano y Consejo Superior de las C�maras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci�n de Espa�a, 1984.

P�REZ FONTANA, Sagunto F.: Sociedades An�nimas. Comentarios a la ley 16.060, 1� edici�n, Montevideo, Fundaci�n de Cultura Universitaria, marzo de 1992.

RIPPE, Siegbert: Sociedades Comerciales. Ley 16.060. 4� edici�n actualizada, Montevideo, Fundaci�n de Cultura Universitaria, abril de 1991.

SOLARI COSTA, Osvaldo: �Fusiones internacionales� en �V Congreso de Derecho Societario y I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa�, tomo III, C�rdoba, Advocatus, 1992, pp. 534-537.

TALICE, Jorge: �Las Sociedades Mercantiles en el Derecho Internacional Privado Americano�, en Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, a�o VIII, N� 29/30, Montevideo, enero-junio de 1984, pp. 12.72.

VARA DE PAZ, Nemesio: �Protecci�n de los Acreedores en la Fusi�n y Escisi�n de Sociedades�, en Derecho Mercantil de la Comunidad Europea, Madrid, Civitas, 1991, pp. 1099-1123.