Esperando el desajuste

La adhesión fue presentada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU); La Asociación de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación de Personal de la UBA (APUBA), que se adhirieron al recurso de amparo que presentó ante la justicia el abogado Andrés Gil Domínguez. La causa recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo número 1, a cargo de Ernesto Luis Marinelli.

El letrado promovió una acción de amparo con solicitud de medida cautelar de no innovar, para que se aplique la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del decreto 836/2001.

En el decreto el Poder Ejecutivo estableció que “cuando los recursos no fuesen suficientes para atender la totalidad de los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios”, tiene la facultad de reducir las partidas presupuestarias y “la reducción afectará los créditos respectivos en la proporción que resulte necesaria a tal fin, y se aplicará incluso a los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, así como aquellas transferencias que los organismos o entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos”.

El letrado indicó que existe ilegalidad y arbitrariedad manifiesta en los artículos 14, 17, 18, 43 y 75 incisos 2, 19 y 23 de la Constitución Federal y art XXIII de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica; art. XXIII Declaración Americana de los Derechos del Hombre, artículos 2, 1 y 13 del pacto de Derechos Económicos, sociales y culturales.

Recordemos que la justicia en lo contencioso administrativo federal recibió el martes último un recurso de amparo promovido por una empleada del ANSSes que pisió la suspensión y la declaración de inconstitucionalidad del decreto del PEN. Ttambién recayó sobre el fuero de la seguridad social otro amparo presentado por el abogado Ricardo Monner Sans en contra del recorte a los jubilados y pensionados.

Temas relacionados:
Ajuste: Presentaron dos amparos 16/7/2001

dju / dju