La causa comenzó por la denuncia de varios empleados de la Municipalidad cordobesa a quienes se les había descontado de sus salarios cuotas de préstamos de entidades bancarias, en tanto que el argumento de la defensa fue que el atraso, que según los denunciantes provocó el embargo de los salarios de muchos de ellos, "fue regularizado y al día de hoy no se mantiene ninguna deuda por este concepto".
Además, la defensa había alegado durante la investigación que los descuentos no fueron depositados "en tiempo y forma" en las cuentas de las entidades acreedoras, porque ello ocurrió en "la etapa más dura del país, cuando se entró en aquella crisis económica y financiera sin precedentes", y la autoridad municipal "debió priorizar al máximo los pocos recursos que por entonces ingresaban".
En principio, esos fondos no fueron depositados en las cuentas de los acreedores, aunque luego se regularizó la situación. Para el fiscal de Instrucción Rubén Caro sí existía un ilícito en el accionar de la comuna cordobesa, por lo que solicitó el procesamiento del intendente Kammerath, elevando el expediente al juez Pescetti para que el caso fuera llevado a juicio oral y público.
Por su parte, Oscar Roger, uno de los abogados del jefe comunal, expresó que "el juez de Control discrepó con el fiscal y dictó la falta de mérito, negando de tal modo la elevación a juicio de la causa", en tanto que expresó que Pescetti dispuso además devolver el expediente al fiscal Caro para que "profundice la investigación, con la recopilación de más pruebas".
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