Fuentes de los tribunales federales confirmaron que el juez requirió a los ministerios del Interior, de Defensa y de Justicia y a los jefes de las tres fuerzas armadas, todos los antecedentes sobre la detención de Jorge Argente, Alberto Comas, Susana Pedrini, José Bronzel, Cecilia Podolsky, Horacio García Gastelú, Celma Ocampo, Rosa Cirullo, Norma Frontini, Inés Nocetti, Ramón Veles, Conrado Alsogaray y Ángel Leiva, cuyos cuerpos fueron identificados en el año 2000.
Además, Torres reclamó que se informe si en la justicia de instrucción se tramitó alguna causa por la desaparición de estas personas “entre los años 1975 a 1983” y pidió al Poder Ejecutivo toda la documentación relacionada con “las acciones represivas” implementadas por las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1983, y las “decisiones adoptadas con respecto a la detención, alojamiento, trato y registro de los detenidos”.
Torres también apuntó a los posibles responsables y pidió a la Policía Federal los “antecedentes laborales” de Arturo Corbetta, jefe de la PFA en 1976 y otros ex policías, como Carlos de la LLave, Juan Antonio “Colores” del Cerro, Carlos Enrique Gallone y Julio “el turco Julián” Simón.
A las fuerzas armadas, en tanto, le reclamó “los antecedentes de revista” de Alejandro Agustín Arias Duval y Albano Eduardo Harguindeguy, quien para la primera etapa de la dictadura se desempeñó como ministro del Interior, por lo que tenía a su cargo a la Policía Federal.
También, le pidió a la secretaría Legal y Técnica de la presidencia de la Nación copia certificada de la ley que decretan la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tal como fue resuelto la semana pasada en el Congreso de la Nación.
Los querellantes, por otro lado, deberán informar en qué tribunales tramitaron “las actuaciones relacionadas con la identificación y entrega de los cadáveres".
La “masacre de Fátima” lleva ese nombre por el paraje donde fueron encontrados los cuerpos, a la vera de la ruta 8, kilómetro 62, cerca de Pilar, el 20 de agosto de 1976. Las víctimas habrían sido sometidos a vejámenes en la ex superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno al 1400 de la Capital Federal, y luego trasladadas a Fátima, donde murieron despedazados por explosivos.