17 de May de 2024
Edición 6968 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/05/2024

RIVALIDAD.

 
La performance que viene delineando el Secretario de Seguridad Norberto Quantín hace que voluntaria o involuntariamente cada vez que se refiere a cuál es la política de seguridad que se propone trazar pone en el medio la referencia a la tarea de los fiscales. Quizá por acostumbramiento profesional –tuvo una dilatada y reconocida trayectoria como acusador público- todo pasa a sus ojos por el prisma de las nuevas funciones que deberían cumplir los fiscales. Quienes ya lo están viendo con menos simpatía son los propios funcionarios jerárquicos del Ministerio Público, al que Quantín todavía pertenece, ya que no hay que olvidarse que asumió sus funciones en el Poder Ejecutivo merced a una generosa licencia del Procurador. Es que desde el señorial petit hotel de la calle Guido, cada vez son más fuertes los sentimientos de incomodidad frente a las frecuentes referencias a la actividad de los fiscales, convertidos en destacados protagonistas de las políticas que Quantín anuncia instrumentar en nombre del ministro Béliz o el presidente Kirchner, sin “dedicarle” ni una línea a quien aún sigue siendo su jefe natural, Nicolás Becerra. Quizás la gota que amenaza con rebalsar el vaso, sea la disputa con estado parlamentario que definirá si el Ministerio de Justicia o el Ministerio Público se queden con la competencia sobre la Oficina de Protección de Testigos. Hasta ahora, esa dependencia funciona en el ámbito de los fiscales que casi sin presupuesto la llevan adelante con gran capacidad profesional y merced a un equipo interdisciplinario con gran vocación de servicio. Ahora, que en los planes del Congreso está la asignación de una partida presupuestaria de dos millones de pesos para fortalecer su funcionamiento que se estima imprescindible en materia de lucha contra el delito, son las huestes belicistas quienes pretenden reubicar esa oficina dentro de la égida del Ministerio de Justicia. ¿De qué lado se pondrá Quantín?

DIPLOMACIA. El aún también fiscal y ahora Secretario de Justicia Pablo Lanusse se sentó frente a un grupo de funcionarios de alto rago de la embajada norteamericana y se explayó con soltura acerca de la política delineada por su jefe, el ministro de Justicia Gustavo Béliz. Ante un auditorio sensible –que con seguridad debió tomar nota de cada una de las palabras que el funcionario pronunciaba- Lanusse explicó que Béliz quiere “una reforma judicial”, pero le agregó un condimento adicional: esa reforma “no debe demorarse más”, según detalló un privilegiado asistente al encuentro. Estados Unidos tiene desde las últimas semanas un particular interés sobre dónde piensa meter el bisturí el gobierno de Kirchner, que despertaron algunos jueces de la Corte Suprema de ese país poco antes que el Secretario de Estado Colin Powell mantuviera un breve encuentro con el presidente argentino. En los días en que la atención sobre el destino de Julio Nazareno al frente de la Corte se encontraba en su punto más crítico, uno de los ministros del tribunal había advertido que la Argentina pagaría las consecuencias si la destitución de los jueces se producía de manera desprolija, particularmente en el otorgamiento de créditos desde el exterior. Desde su comentario sin nombre también deslizó que los jueces a los que se pertende apartar no estaban en soledad, ya que se habían iniciado gestiones para que desde otros confines del continente llegaran adhesiones. Tan hondo caló ese alerta, que en las últimas horas –desde distintas fuentes- se pudo saber que Powell se había comunicado telefónicamente con el vicepresidente de la Corte, Moliné O´Connor. De todos modos, es poco probable que estos contactos incidan de manera determinante en la evolución del trámite juicio político arremetido una vez más contra Nazareno, quien, ilusionado, aguardará hasta noviembre para tener una salida elegante no presentándose para la reelección de su mandato como presidente del cuerpo.

PROMESAS SOBRE EL DIVAN. El último jueves la Corte Suprema de Justicia, o al menos sus dos máximas autoridades, Julio Nazareno y Eduardo Moliné O´Connor, homenajearon –como es tradición- a los cronistas acreditados ante el tribunal por el Día del Periodista. Pero la reunión poco tuvo de festejo, dado que los habitantes de la sala que lleva el nombre de su histórico decano “Jorge Cubas” aprovecharon una de las dos veces al año que tienen la posibilidad de un mano a mano con Nazareno -la otra es el brindis de fin de año- para arremeter con preguntas al acorralado juez. La ceremonia empezó, como es costumbre, con el discurso del decano de la sala, Martín Moreno, quien no pudo evitar hablar de “las esperanzas que tenemos los argentinos ante un nuevo gobierno y de los cambios que son necesarios en los tiempos que corren”. Estas palabras si bien no ofuscaron a Nazareno, no cayeron del todo bien dado que el magistrado en muchos pasajes del discurso optó por mirar para abajo, arriba y a un costado como mostrando un cierto desinterés por la pieza oratoria. Hubiera preferido algo más protocolar sólo referido a la Justicia. Donde Nazareno no pudo evitar mirar para otro lado fue cuando el grupo de periodistas le recordó otra de las deudas pendientes durante sus tres presidencias: las credenciales que certifican que son acreditados ante la Corte Suprema de Justicia. El juez, a quien se lo vio de buen humor pero algo preocupado, puso cara de sorpresa e instantáneamente miró a la directora de prensa del tribunal, que con su mejor cara de “póker” y con una sonrisa nerviosa soltó un “sí, sí ya están, sólo falta una firmita”. Raro el comentario dado que la mujer se cansó de decir una y otra vez que el problema era de la Corte que no las aprobaba y no de la dependencia que ella dirige. Pero no era momento de explicar nada a Nazareno que aparentemente necesita por estos días más mimos que reclamos. Los reproches de Moreno no quedaron ahí, ya que le señaló al presidente de la Corte haber preferido hablar con los “movileros”, que como su nombre lo indica terminan por mover el piso de quien no logra domesticarlos con solvencia. Esperó casi una hora para prometer, ante un nuevo reclamo, que una vez que termine toda esta “fea situación” va a correrse un ratito hasta la Sala para charlar con los colegas. La apuesta del momento es si eso llegará el próximo día del periodista, el día de los inocentes o el día del arquero.

DULCE ESPERA. Recién a fin de mes las partes en el juicio oral y público del caso AMIA podrán por fin leer el sumario sobre la controvertida investigación de la SIDE en torno al atentado terrorista del 18 de julio de 1994. Es que luego del decreto presidencial que levantó el carácter secreto de los 20 cuerpos con las conclusiones de la SIDE investigándose a si misma, el Tribunal Oral que lleva adelante el juicio a la supuesta “conexión local” del atentado decidió fotocopiar todo el expediente para que sea el mismo organismo de inteligencia el encargado de tachar con prolijo marcador negro las partes del sumario cuya difusión ponga en riesgo la seguridad nacional, tal como lo ordenó Kirchner la semana pasada. Es que, en rigor, los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo ya leyeron el sumario pero no habían logrado hasta ahora que les permitieran difundirlo entre las partes en el juicio. Por eso, ahora el secretario del TOF 3, Eduardo Chittaro, trabaja contra reloj y supervisa personalmente la extracción del nuevo juego de copias para que la SIDE “tache lo que no corresponda”. Mientras tanto, crecen entre los abogados las apuestas en torno a qué dice y qué no el sumario interno. Mientras, sigue vigente la advertencia del ex jefe de la SIDE, Miguel Ángel Toma, quien aseguró en torno a que el sumario “no dice nada” que sea de interés para la causa. Tal como anticipó Diariodeljuicio.Com hace varios meses, el jefe de la Unidad Especial de Investigación del atentado, Alejandro Rúa, no opina lo mismo, y hace tiempo pidió que la investigación interna se reabra. Ahora, una fuente calificada que espera ansiosa acceder al sumario confió que por lo menos un juez del Tribunal Oral no está de acuerdo con Toma, y cree que sí hay información que puede ser útil a las partes. Habrá que creerle, el magistrado en cuestión leyó el informe, nosotros no. (Especial de Diariodeljuicio.com)



alejandro s. williams / dju
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