El diputado nacional Mario Cafiero reclamó la declaración indagatoria del ex presidente Fernando De la Rúa, por los presuntos delitos de “defraudación a la administración pública, malversación de caudales, abuso de autoridad y asociación ilícita”, cometidos durante el millonario “megacanje” de títulos de la deuda pública.
En el pedido ante el juez federal Jorge Luis Ballestero por el abogado querellante José Luis Fabris, se solicitó también la indagatoria del ex jefe de gabinete, Cristian Colombo; el ex procurador del Tesoro, Ernesto Marcer y el ex asesor del Ministerio de Economía, Horacio Tomas Liendo.
Además, los querellantes se sumaron a un pedido efectuado la semana pasada por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, para que Ballestero procese con prisión preventiva del ex ministro de Economía Domingo Cavallo y sus colaboradores directos: Daniel Marx, Jacobo Julio Dreizzen y Jorge Baldrich.
En la presentación, a la que tuvo acceso b>DiarioJudicial.Com, el diputado Cafiero afirma que el megacanje es “el negociado financiero más grande de la historia judicial argentina”, en el que participaron “un nutrido y especialista grupo de delincuentes”.
Cafiero, al igual que los fiscales, recordaron los resultados de pericias contables recién agregadas al sumario, que -afirmó- “son más que suficientes” para “decretar el procesamiento con prisión preventiva de todos los indagados” e interrogar a los otros imputados en la causa.
“La prueba más elocuente e indubitable de la inviabilidad del pago de la deuda es que a solo seis meses de haberse efectuado el megacanje, se realizó un nuevo canje, con Préstamos Garantizados”, indicó Cafiero.
En el nuevo estudio anexado recientemente a la causa participaron expertos contables de la querella y las defensas, junto a un perito nombrado por el juez Ballestero. Los acusadores concluyeron que con el resultado de este estudio el magistrado debe avanzar en indagatorias y procesamientos.
En el sumario ya consta desde hace tiempo un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a través del cual se detectaron “falencias en la instrumentación de la operatoria en la etapa de definición del convenio con los operadores intermediarios, implementación de las liquidaciones y pagos y su registración”.
La SIGEN criticó la “falta de procedimientos formales, criterios metodológicos y sustentación técnica de las decisiones adoptadas, que son requisito esencial de los actos de gobierno y aportan a la transparencia que debe caracterizar la administración de los recursos públicos”.
Además de la declaración de De la Rúa y la detención de Cavallo, el diputado Cafiero reclamó que sean citados a indagatoria todos los directivos de los bancos intervinientes en la operación, por considerarlos “cómplices” de los delitos imputados a los ex funcionarios.
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