En la denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal número 1 a cargo de María Servini de Cubría, el letrado señala un paralelismo entre la actitud de Duhalde y la del ex presidente Carlos Menem quien –indicó- “involucró a la Nación en un conflicto extra territorial y tras esa participación sufrió dos atentados terroristas genocidas”, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992 y de la AMIA, en 1994.
Barcesat sostuvo que el envío de tropas fuera del territorio de la Nación fue dispuesto “sin el conocimiento, intervención y aprobación del Congreso, que es el único facultado” para tomar decisiones de esa envergadura.
La presentación de siete carillas indica además que “la acción bélica no se encuentra amparada en disposición alguna de la Carta de las Naciones Unidas ni en resoluciones que hayan adoptado la Asamblea General o el Consejo de Seguridad” y remarcó que hay “un fuerte movimiento de opinión pública internacional que se opone a desatar un conflicto armado”.
Barcesat dice más adelante que a pesar de esta resistencia internacional, el gobierno “aparece nuevamente en una posición de alineamiento con la potencia agresora”.