Para hablar de este tema, Diariojudicial.com se acercó hasta la sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación y se contactó con el ex juez en lo Contencioso Administrativo, Jorge Cermesoni, quien actualmente se desempeña como Defensor Adjunto, en la dependencia dirigida por Eduardo Mondino. Cermesoni no duda al afirmar que sería lógico que primero se deberían analizar los contratos para luego ver si se “deben aumentar las tarifas”, También el actual profesor adjunto de Derecho Administrativo de la UBA afirma que con este tipo de normas el PEN revela “un avance sobre el Poder Judicial, un desconocimiento de las normas acerca de la división de poderes y de la prohibición expresa que tiene el presidente de tomar decisiones judiciales”. Además aclara que no es feliz el comentario de que sino se aumentan las tarifas de los servicios los mismos caerán en calidad, ya que enfatiza que cree “que de alguna forma pueden caer en calidad pero por una decisión exclusiva de las empresas que tienen por lo menos 30 años de concesión”. Estos y demás comentarios se trascriben a continuación en donde reproducimos la charla que mantuvimos con el ex juez en su despacho de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Diariojudicial.com: ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación en el tema de los decretos que autorizan las subas de los servicios Públicos privatizados?
Jorge Cermesoni: Primero queremos lograr que el Estado Nacional cumpla con los planes que el mismo Estado se trazó en materia de renegociación de los contratos, porque este atajo que busca para aumentar está revelando una falta de cumplimiento de sus obligaciones en un sistema que el mismo creó. Además sería lógico que para renegociar un contrato primero lo analice y luego vea si corresponde o no que se aumenten las tarifas.
Dju: ¿A qué conduce esta actitud del Estado de no respetar lo que él mismo dispuso?
JC: Toda esta conducta del Estado conduce a que lamentablemente tengamos que hacer presentaciones en la Justicia en contra de los decretos que emanan del Poder Ejecutivo desde el mes de noviembre del último año, tendientes a modificar estructuras tarifarias que tienen instrucciones precisas para ser llevadas a cabo. Y no en la forma unilateral como lo es la vía del decreto.
Además, tiene que quedar en claro que este caso del decreto de la luz y el gas, estamos en presencia de una norma que viene a modificar o pretende cambiar una sentencia judicial, como lo es la decisión de la juez Federal Susana Córdoba del mes de diciembre, que suspendió el aumento a raíz de una presentación que interpuso la Defensoría. (N. de la R. La juez Córdoba el 12 de diciembre del año último suspendió, con alcance nacional, la aplicación del decreto 2437/02 que permitía el aumento de las tarifas de los servicios públicos). De esta manera, el hecho de volver sobre la marcha y que por la vía del decreto se aumenten las tarifas en las mismas condiciones que el decreto impugnado, revela una avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, un desconocimiento de las normas acerca de la división de poderes y de la prohibición expresa que tiene el presidente de tomar decisiones judiciales.
DJU: Para usted ¿A que responde esta idea de aumentar por decreto las tarifas?
JC: Yo no se si la maniobra será para que le digamos que no, o que la Justicia le pare los aumentos, lo que entiendo es que debemos tener claro que desde la época del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, la política pasó a ser una especie de vedette del derecho. Quizás porque los economistas no han sabido equilibrar lo que es el Estado de Derecho y la Constitución Nacional, es decir no han sabido, no han querido o poco les ha importado lo que significa mantener la vigencia de la ley y de la Carta Magna. Es decir se antepone la economía por sobre la situación jurídica, social, y está claro que esto no ha traído grandes resultados. Primero si la seguridad jurídica se ve alterada es difícil que se pueda crear una normalización jurídica, y como dicen algunos que desde afuera observan con inquietud esto, también a nosotros nos agravia. Debemos volver a enfatizar la necesidad de que el Derecho y el Estado de Derecho prevalezcan sobre los intereses sectoriales, que apuntan a beneficios de grupos y no van a hacia la comunidad.
Digo esto porque nos referimos a servicios públicos, que como su nombre lo indica deben llegar a todos los habitantes del país, que tienen un sistema de concesión de monopolio en la mayoría de los casos, por lo cual no estamos hablando de empresas que venden autos, sino que son firmas a las cuales el Estado les delegó las funciones para prestar este tipo de servicios, y que tienen que tener un rol social y no sólo económico ya que todos los ciudadanos deben acceder a los mismos en la forma más razonable.
DJU: ¿Que evaluación hace de las respuesta que les dió la justicia a sus reclamos respecto a este tema?
JC: Primero debemos decir que no es una cuestión de que me guste o no me guste, creo que las cuestiones se resolvieron en forma favorable para nosotros, porque entendió que los planteos fueron razonables y se ajustaron a Derecho. Estamos intentando contener los desvíos que se llevan a cabo a través de actos unilaterales del Poder Ejecutivo, que constituyen una patología del sistema jurídico que se debe restablecer.
DJU: ¿Qué buscan con este tipo de presentaciones?
JC: Cuándo la Defensoría presenta una demanda lo hace como última ratio y además en fundadas razones, en base al Derecho vigente, la Constitución y a la jurisprudencia, entonces cuando hacemos este tipo de presentaciones, las mismas tienen mucho sustento y hasta aquí nos han dado la razón. Es así que el afán de nuestras presentaciones tiene como fin poner las cosas en su justo término y defender los derechos de los usuarios y consumidores cuando los mismos son vulnerados.
DJU: ¿Le parecen justas las especulaciones que hablan de qué si las tarifas no aumentan la calidad de los servicios va a caer?
JC: Bueno, creo que de alguna forma pueden caer en calidad pero por una decisión exclusiva de las empresas, me parece que no es muy feliz la misma, ya que estamos hablando de empresas que tienen por lo menos 30 años de concesión. Lo que deben hacer es cuidar a los usuarios y su concesión, ya que de caer las prestaciones no estarían cumpliendo con obligaciones contractuales que en caso de que no se cumplan pueden traer multas y sanciones y en un futuro temas relacionados con la continuidad. Es claro que si a un usuario que no paga se le puede cortar el servicio, si las empresas no cumplen también se le pueden cortar las concesiones.
DJU: ¿A qué se debe el pedido de conexidad que presentaron ayer en relación a la nueva presentación en contra del decreto 120/03 y la que ya resolvió la juez Córdoba?
JC: Entendemos que la juez Córdoba que ya intervino en la cuestión tiene una actitud tomada. Y esta nueva norma del PEN tiene su origen en dicha sentencia que es justamente la que motivó esta presentación. Es ahí en donde entendemos que existe la conexidad.
DJU: ¿Tiene alguna reflexión?
JC: Los sueldos y los salarios no aumentaron, la situación financiera de los salarios empeoró en el último tiempo, el poder de compra ha caído y existe gran cantidad de gente en mora en los servicios y mucha otra que se retira de los mismos, lo que deja en claro que hablar de un aumento es algo extravagante y el mismo se tendría que dar con una causa justa que hasta el momento no se ha dado. De otro lado, en este aumento se eleva el cargo fijo, pero no por un servicio adicional, y se termina pagando más en el concepto cargo fijo, pero por algo vacío sin que esto se traduzca en algún plus, entonces entiendo que esto es poco serio.