"Resuelvo suspender los efectos y la aplicación del decreto 2437/2002 "Servicios
Públicos" hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en las presentes actuaciones",
así lo afirmó la juez en lo Contencioso Administrativo federal Susana Córdoba
cuando tomó la decisión de dejar sin efecto la suba de las tarifas de los servios
de luz y gas, al hacer lugar a una presentación del Defensor del Pueblo de la
Nación, Eduardo Mondino.
La magistrada indicó que "las razones argüidas por el PEN en pos de asegurar
el correcto funcionamiento de los servicios públicos, encuentran obstáculo en
la Ley de Emergencia, número 25.561, cuando en su artículo 10° no autoriza a
las empresas a suspender o alterar el cumplimiento de sus Obligaciones".
En ese sentido, al suspender la norma, aseveró que caso de llegar a la carencia
de un servicio público de elemental necesidad, como los que se analizaron en
el fallo, es "responsable el PEN de desarrollar toda la actividad necesaria
para asegurar la prestación de los mismos".
La magistrada federal consideró que desde el dictado de la Ley 25.561 hasta
el día de la fecha, "la Comisión de Renegociación de los mencionados contratos
no ha podido concluir dicho proceso, no siendo suficiente argumentación los
avances parciales a los que alude el decreto cuestionado lo que conlleva a que
le asiste razón al Defensor del Pueblo en pedir la suspensión del decreto 2437/02".
Respecto del requisito del peligro en la demora la juez expresó que "basta
para tenerlo en cuenta por acreditado lo volcado por el accionante... a raíz
de la posible devolución de la diferencia abonada por los usuarios si la Comisión
de Renegociación decidiera no aumentar las tarifas o hacerlo con una readecuación
distinta a la que luce los anexos del decreto 2437/02" .
De este modo, la magistrada siguió el mismo camino que hace pocos días tuvo
su par Ernesto Marinelli cuando al hacer lugar a un amparo de la defensora porteña,
Alicia Olvieria, suspendió la aplicación de la norma, pero sólo en la Capital
Federal.