Así lo resolvieron los jueces Mirta Delia Tyden de Skanata y Mario Osvaldo
Boldú, integrantes de la Cámara federal de Apelaciones de Posadas, en los autos
"Mari Ju c/ P.E.N. s/ Acc. de Amparo".
La sentencia de primera instancia, de conformidad con lo solicitado por la amparista,
declaró la inconstitucionalidad de los Decretos 1570, 71, 141, 214, 320, 1316
mandando cumplir "(pacta sunt servanda) las obligaciones contraídas cesando
en la omisión de restituir las sumas de dinero depositadas, existentes a la
fecha en forma acorde a lo pactado y en el plazo de cinco días de notificada"
e imponiendo las costas por su orden.
La Cámara, si bien compartió las inconstitucionalidades declaradas y entendió
que en el caso debía primar la teoría del contrato y el principio de la autonomía
de la voluntad, porque se trata de depósitos libremente concertados entre el
cliente y el banco, consideró no obstante que resulta de aplicación, aún analógicamente,
lo prescripto en el art. 11, de la ley 25561, en cuanto a que las partes deben
intentar negociaciones a fin de arribar a una solución acordada. "Al respecto,...afirma
la amparista haber intentado sin éxito tratativas conciliatorias...Pero las
circunstancias han variado -sabe ya el banco que deberá devolver la moneda que
se le entregó restando acordar, en su caso, cómo, cuándo y con qué interés y
garantías- entonces la jurisdicción hoy, por la norma citada, debe promover
nuevas conversaciones y, fracasada la conciliación, resolver como lo manda el
precepto jurídico reseñado y demás normas del rito".
Cabe recordar que el artículo 11 establece lo siguiente en su parte pertinente:
"...las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas,
procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la
relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo
2° de la presente ley, durante un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días.
Acordadas las nuevas condiciones, se compensarán las diferencias que, eventualmente,
existan entre los pagos dados a cuenta y los valores definitivamente acordados;
3) de no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para
seguir los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones
y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias. En este
caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora
negarse a recibirlos..."
Para el tribunal, "en esta oportunidad, sin haberse cumplido aún los trámites
exigidos por dicha ley, aparece como prematura y, en consecuencia, no ajustada
a derecho la orden de cumplir sin más en el plazo de cinco días...Obsérvese
que es el propio ahorrista quien con razonabilidad invoca en la relación procesal
el principio del esfuerzo compartido, contemplado en la norma citada como instrucción
al Poder Ejecutivo..."
Los camaristas entienden además que, "siendo público y notorio el rechazo
del Poder Judicial a las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en virtud de
la delegación que le hiciera el Poder Legislativo, ya que las inconstitucionalidades
decretadas son acabada prueba de ello, no encontrando esta Cámara forma idónea
en que, en tales condiciones, el Ejecutivo pudiere actuar sin cuestionamiento,
corresponde -de no arribarse al acuerdo de partes...darse intervención a la
autoridad legislativa, ... porque -si no puede el Ejecutivo- es al Poder Legislativo
-antes que al Judicial- a quien compete dar solución normativa adecuada a la
emergencia".
Por ello, se resolvió confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto
a las inconstitucionalidades que decreta y se la modifica, ordenando se produzcan
los trámites conciliatorios que determina el art. 11 de la L. 25561 y, en su
caso, se dé intervención al Poder Legislativo de la Nación.