"Más que dinero pretendemos que el Estado, a través del gobierno, reconozca y ayude a estas personas que hasta hoy sufren los efectos de los agentes de la dictadura", dijo el abogado de los demandantes, Eduardo Contreras.
La mayor parte de los detenidos durante el régimen de Pinochet pertenecían a partidos de izquierda que apoyaron al presidente Salvador Allende, que fue derrocado por el ahora general retirado en un golpe militar en septiembre de 1973.
Aunque no existe una cifra oficial de presos políticos durante la dictadura se estima que entre 1973 y 1990 unas 30.000 personas fueron torturadas física y psicológicamente bajo arresto y 3.000 murieron, muchos de ellos tras haber pasado por centros de detención del gobierno.