Sin amenazas

Las sucesivas presiones de las empresas que se encargan de los servicios públicos que se encuentran privatizados, en donde mencionaban que si no se aumentan las tarifas la calidad de las prestaciones bajará tuvo su efecto, pero no el esperado por las firmas, ya fueron denunciadas ante la Procuración General de la Nación por esos dichos supuestamente amedrentadores.

La presentación en la justicia fue interpuesta por el presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, ante la posibilidad de que en los próximas semanas el gobierno termine cediendo y autorice el rebalanceo que tanto se pide desde las concesionarias de los servicios públicos.

En ese sentido, Manusovich aseveró que a pesar de que la ley de Emergencia Económica prohibió indexar o aumentar las tarifas de los servicios públicos, “las empresas concesionarias pretenden que el Gobierno decrete o autorice un aumento indiscriminado”.

Sobre el rol de las empresas, el titular de la entidad expresó que las compañías concesionarias han intentado llamar de “forma irregular” a las audiencias públicas y enfatizó que esos fueron los motivos los cuales fueron suspendidas por la juez en lo Contencioso Administrativo federal Claudia Rodríguez Vidal.

En el texto de la presentación, se detalló que como reacción a la “resolución judicial, las empresas se pronunciaron públicamente anunciando que, si no aumentan las tarifas, se producirá un deterioro en la calidad del servicio”.

Para, el denunciante, la mención de que “si no realizan los aumentos tarifarios se generara una merma en la calidad del servicio, frase que ventilada desde las empresas”, constituye una “clara amenaza” que tiene como fin que el poder político aumente las tarifas.

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