En dialogo con los periodistas acreditados en los tribunales de Comodoro Py 2002, Fabris recordó que “desde que se tomaron las indagatorias hasta la fecha, ha transcurrido con exceso el plazo que marca" el Código Procesal “razón por la cual la situación procesal de todos los indagados debe ser resuelta”.
Cavallo fue indagado en la causa hace exactamente seis meses, el 25 de abril último, oportunidad en la que aseguró que “no existe ni un indicio de actividades delictivas” en la renegociación de la deuda.
Fabri insistió además en que Ballestero le tome declaración indagatoria al banquero David Mulford, quien el 20 de abril último presentó un escrito en que asegura que esta viviendo en Londres, Gran Bretaña.
En mayo último, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron el procesamiento sin prisión preventiva de Cavallo y Marx, como coautores de “defraudación a la administración pública” en la operación de canje que incrementó la deuda pública externa en 55 mil millones de pesos.
En esa oportunidad, los fiscales reiteraron que por el mismo tema sea indagado el ex presidente Fernando de la Rúa y Mulford, por ese entonces presidente del Credit Suisse First Boston, el principal colocador de bonos de la deuda argentina y, según los fiscales, uno de los “principales beneficiarios de la operatoria”.
En ese dictamen, Freiler y Delgado apuntaron además a describir la forma en que se montó la maniobra a partir del dictado del decreto 648/01 por el cual se autorizó la operación de Megacanje a mediados del año pasado, al sostener que “su instrumentación fue el montaje utilizado como medio para la obtención de la disposición patrimonial ilegítima”.
La causa donde está imputado Cavallo, Marx, Mulford y otros banqueros y ex funcionarios se inició por una denuncia del dirigente justicialista Juan Labaké a la que luego se sumó la presentada por Fabris.
Además del Boston en la operación participaron también el Banco Galicia, el Banco Santander, el Banco Francés, el HSBC Bank Argentina, la Banca JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney, todos como colocadores de los bonos renegociados. Por esa razón cobraron comisiones que los fiscales calificaron como “ruinosas” para los intereses nacionales.