Conocida la decisión judicial, el intendente Daniel Miocevic dispuso que se suspendiera la prestación de servicios en los que son necesarios los vehículos municipales y que se estacionara a éstos frente al estudio jurídico de los abogados querellantes como una forma de protesta.
El accidente se produjo en 1992 y la víctima fatal fue Carlos Martínez, de 39 años. Los familiares de Martínez iniciaron un juicio contra la empresa prestadora del servicio, quien tenía el seguro en regla, pero la compañía aseguradora entró en concurso de acreedores.
Como la prestataria del transporte no tenía patrimonio suficiente, los familiares de Martínez derivaron las acciones judiciales hacia la municipalidad, a la que consideraron responsable de la adjudicación del servicio.
En tanto la justicia civil y comercial dispuso una indemnización que, incluyendo honorarios de los letrados y peritos intervinientes, era cercana al millón de pesos.
El municipio tuvo diversas dificultades para afrontar el pago de la indemnización, aunque una ley rionegrina sancionada años atrás, dispuso que la provincia se haría cargo de abonar los juicios iniciados contra las municipalidades, para lo cual descontaría los montos correspondientes de los fondos de coparticipación.
Con esa modalidad, el municipio pagó 749.592 pesos, cerca del 80 por ciento de la deuda total. Sin embargo los abogados de la familia Martínez, Graciela Tempone y Hernán Mones sólo percibieron 69.000 de los 120.853 pesos correspondientes a sus honorarios, por lo que reclamaron el embargo de los bienes de la municipalidad para poder cobrar el saldo que, con intereses, asciende a otros 69.000 pesos.
El juzgado en lo civil y comercial 5, con asiento en General Roca, dispuso entonces el embargo de los dos edificios que posee la municipalidad -incluyendo en el que funciona la comuna- y 22 vehículos para afrontar el cobro. El intendente de esa localidad cuestionó la medida judicial por considerar que "el juez debe analizar que no se trata de una empresa sino de un municipio".