Test judicial para De la Rúa

La titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la justicia federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto 494/2001 del Poder Ejecutivo Nacional que habilita la instalación de máquinas tragamonedas en el ámbito de la Capital Federal. El pedido recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo nro. 11 a cargo de María José Sarmiento.

Fuentes tribunalicias pronosticaron que el juzgado se tomará su tiempo para pronunciarse sobre el planteo, mas aún cuando "hay otros juzgados que ya tienen desde antes presentaciones parecidas por el mismo tema", en referencia a las acciones deducidas días atrás por los concesionarios de los Bingos porteños que también se presentaron ante la justicia del mismo fuero luego que la Legislatura local salió a defender su jurisdicción sobre el tema.

El presidente De la Rúa había firmado a fines de abril el decreto 494/2001, reconociendo que el mercado de juegos ha ido incorporando nuevas tecnologías y que "esta nueva modalidad de captación de juego asegura la participación del Estado Nacional para atender obras de asistencia social y bien común". La misma Defensora cargó duro contra el Presidente al expresar que "resulta penoso ver al Gobierno Nacional preocupado por instalar máquinas de juego electrónico en nuestra ciudad mientras vivimos en un país cada día más empobrecido".

Esta toma de posición por parte de Alicia Oliveira mostraría -por lo pronto- que la Ciudad y el Poder Ejecutivo Nacional, conducidas por la misma alianza de gobierno, no generan una garantía política ni jurídica para quienes estén dispuestos a realizar inversiones. Este parece ser el punto que más preocupaba en las últimas horas a la gente del oficialismo que efectuaba esa reflexión, admitiendo que esto se convertirá en un verdadero "test judicial" para medir la real autoridad de De la Rúa en el intento de imponer decisiones y ponerlas en marcha.

Esas mismas fuentes consultadas no descartaban la posibilidad de que el Procurador del Tesoro -jefe de los abogados del Estado- efectúe una presentación para defender la legalidad del decreto que firmó el Presidente de la Nación, admitiendo que "en el fondo es una disputa por la recaudación que vuelve a enfrentar los intereses de los porteños con los de las provincias".

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