De esta forma, el plenario del cuerpo decidió suscribir el convenio de “Comunicación Electrónica Jurisdiccional”, que se había rubricado el último 6 de septiembre en la sede del Ministerio de Justicia por la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y veinte representantes de las justicias provinciales, pero sin la participación del Poder Judicial nacional.
A través de un comunicado, los consejeros manifestaron que dicho acuerdo “tiende a la participación de áreas con objeto similar y habrá de redundar en beneficio de la sociedad” ya que consideraron que dicha adhesión generará “un ámbito propicio para alcanzar una mayor eficiencia en el servicio de justicia”.
Asimismo, los consejeros manifestaron que la firma de tal acuerdo no implica resignar la autoridad de certificación de la firma digital, que se le atribuyó el año último a los magistrados por parte del Poder Judicial de la Nación.
La firma digital permite asegurar la identidad del autor( en este caso el juez ) de una comunicación en tribunales de distinta jurisdicción, y también el hecho de comprobar el contendido de esa comunicación y que la misma no ha sufrido alteración desde que fue firmada.
Según se informó desde el órgano, la decisión de suscribir el convenio se enmarca en una “decidida” y “exclusiva” tendencia de promover el uso, la participación y capacitación de los magistrados en la digitalización de los documentos judiciales.
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