En los fundamentos de su solicitud los fiscales indicaron que “es público y notorio el grado de hacinamiento y superpoblación existente en la gran mayoría de las comisarías, sub-comisarías y destacamentos policiales de la provincia de Buenos Aires”.
Esta circunstancia advirtieron, “se patentiza en continuos reclamos por parte de los detenidos, muchos de ellos con episodios de violencia inusitada, y con grave riesgo para la comunidad y de los propios internos que adhieren a dichos reclamos, en algunos casos de tipo extorsivo. (huelgas de hambre, negativa a higienizarse o a que se higienice el lugar de detención, etc.)”.
“La solución a estos conflictos, vendrá sólo si se da un paso por vez, esto es, si a pesar de la crisis económica que vive nuestra provincia y nuestro país, y, haciendo un relevamiento de los edificios que podrían llegar a ser adaptados o transformados en Alcaidías departamentales, los que evaluando costo-beneficio, no requerirán de una inversión mayor”, explicaron.
Romero y Furnus aseguraron que “la inmediata resolución de esta problemática no es posible en su totalidad, lo que no puede llevar a pensar que soluciones alternativas parciales sean descartadas de plano. Los reclamos aumentarán sin duda si se comienza a trabajar; como siempre todos los sectores querrán idéntica respuesta en igual tiempo, lo sabemos”, pero también se preguntaron: “¿es esto un motivo para no empezar a hacer algo?”.
“Señor Ministro, los problemas sobran, las soluciones escasean, pero esta verdad no puede ser motivo de parálisis, no será la mejor de las salidas, puesta en debate de los expertos tendrá muchas fallas, lo sabemos, pero la situación actual no resiste el análisis”, precisaron en su escrito.