En una jornada histórica diez países votaron en forma conjunta por la creación de una Corte Penal Internacional que juzgará a partir del primero de julio los crímenes atroces que se cometan en el mundo, superando así el número requerido para ratificar oficialmente el Tratado de Roma de 1998.
La concreción de la creación del tribunal internacional fue saludada con beneplácito por el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, quien sostuvo que “la impunidad recibió un duro golpe”, en tanto el gobierno los Estados Unidos dejó trascender que podría retirar la firma del ex presidente Bill Clinton, ya que el ex mandatario no elevó la iniciativa al Congreso para su ratificación, como lo hicieron los otros países.
Los voceros de la administración Bush admitieron que temen por el futuro de sus soldados que participan en distintas misiones militares en el mundo, aunque el tribunal no juzgará los crímenes que se hayan cometido con anterioridad al próximo 1 de julio, fecha en que comenzará a funcionar en La Haya, Holanda.
La noche del jueves, y para evitar que sea un solo país el que goce del privilegio de ser el número 60, votaron en forma conjunta los representantes ante las Naciones Unidas de Bosnia, Bulgaria, Camboya, Congo, Irlanda, Jordania, Mongolia, Nígeria, Rumania y Eslovaquia, elevando el respaldo a 66 naciones, seis más de las requeridas.
Annan afirmó desde Roma, a través de una teleconferencia , que “el largamente acariciado sueño de una Corte Criminal Internacional se ha convertido en una realidad” , en tanto el jefe del Consejo Legal de la ONU, Hans Corell sostuvo en la sede del organismo mundial que “se ha dado una vuelta de pagina en la historia de la humanidad”, a la vez que exhortó a los países firmantes a ratificar su voto.
El tribunal, cuya creación fue refrendada por la Argentina, la impulsó, entre otros, la juez Carmen Argibay Molina, que juzgará la comisión de delitos tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, sólo cuando los países a los que pertenecen los criminales acusados no los juzguen, y ante una denuncia formal de otros estados miembros o de los fiscales del tribunal .