
De esta forma, el juez Roberto Torti dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente reanude a la brevedad la prestación médica que en su momento había sido otorgada durante la gestión de Graciela Fernández Meijide.
Estela Loyola había interpuesto una acción de amparo contra el Estado, hace poco más de un año, con el que obtuvo una pensión por discapacidad y el acceso al tratamiento que necesitaba, dado que está afectada por un cuadro de cuadriparexia múltiple y de esclerosis múltiple.
Dado que en las últimas semanas la asistencia médica le fue interrumpida, la mujer tuvo que presentar otro amparo con el fin de acceder nuevamente a la prestación.
Al respecto, el magistrado le indicó al Estado que debía cumplir con la medida cautelar que fuera dispuesta en su momento y remarcó que, de no hacerlo, se consideraría al funcionario responsable incurso en el delito de “desobediencia".
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