Mondino fundamenta este pedido "ante la incertidumbre, confusión y las dificultades que causan las nuevas medidas económicas, con una operatoria bancaria colapsada en muchos casos, donde los usuarios están expuestos a tener que pagar las facturas fuera de término y por lo tanto con un recargo. Ello sin descartar que muchos pueden verse privados del servicio de electricidad, gas, teléfono o agua, debido a un sistema que no les permite contar a tiempo con el dinero o el medio de pago que fuere, para cancelar tempestivamente la factura correspondiente. Todo ello, debido a una circunstancia completamente ajena e inmanejable para el usuario".
El Defensor del Pueblo de la Nación señala en su pedido a la Justicia que "es absolutamente irrazonable que los usuarios deban pagar recargos, intereses, multas, o verse expuestos a suspensiones o cortes de servicios por un hecho que ellos no provocaron y respecto del cual son completamente inocentes".