El proyecto, enviado al Ejecutivo provincial para que por su intermedio sea elevado a la Legislatura, retrotrae el monto del presupuesto al correspondiente al año 1998, cuando aún no se había incorporado la Policía Judicial.
Así, el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2002 queda fijado en la suma de $ 202. 648.531. Voceros del Máximo Tribunal cordobés explicaron que el recorte presupuestario se hizo posible gracias a la reducción voluntaria de un diez por ciento en las remuneraciones de los miembros del Tribunal Superior y de la casi totalidad de los magistrados y funcionarios; y del cinco por ciento en las remuneraciones del personal superior del área administrativa. En este sentido, el porcentaje de adherentes a la reducción voluntaria de los sueldos alcanza aproximadamente el 95% de los integrantes de los estamentos involucrados.
Por otra parte, se dispuso el congelamiento de vacantes que no comprometan el servicio de justicia, el cese de horas extras - mientras persista la situación de emergencia- y la reducción en un 54% de los montos que se abonan en concepto de Personal no Permanente. Estas medidas implican un ahorro en la partida de personal que asciende a la suma de $ 13.964.192.
En igual sentido se estableció una reducción en las partidas destinadas a atender los gastos de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de capital y trabajos públicos por la suma de $19.881.000.
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