La Corte Penal Internacional, para junio del 2002

Mientras que la Asamblea General de las Naciones Unidas presentará mañana una nueva resolución sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y su secretario General, Kofi Annan, comenzará a realizar los preparativos para la primera asamblea de Estados Parte en el Estatuto de Roma (que estableció las condiciones de su funcionamiento), fuentes de la Coalición por la CPI advirtieron que el tribunal que juzgará en el futuro los crímenes de guerra y de lesa humanidad entraría en vigor el próximo 1 de junio.

Se estima que entre marzo y abril se llegaría a las 60 ratificaciones necesarias para que el tratado entre en vigor (actualmente hay 47, entre ellas la de Argentina) el primer día del mes siguiente a la sexagésima ratificación (artículo 126 del Estatuto de Roma).

Por otra parte, William Pace, coordinador general de la Coalición calculó que la primera Asamblea de Estados Parte será en septiembre y que la elección de los jueces se hará en enero de 2003, los que jurarán entre febrero y marzo de ese año.

Sin embargo, la CPI tendrá que seguir lidiando para poder operar con la oposición de Estados Unidos, cuyo Senado votó el viernes pasado una enmienda para prohibir la cooperación de ése país con la Corte, además de impedir su participación en operaciones internacionales de mantenimiento de paz a menos que estén fuera de la jurisdicción del tribunal.

Se trata de una enmienda a un proyecto de ley de defensa que ya fue aprobado en la Cámara de representantes y, como no podía ser de otro modo, fue impulsada por el senador Jessé Helms (el mismo que agravó el embargo a Cuba con la denominada ley Helms-Burton), y obtuvo un apoyo de 78 legisladores contra 21 que se opusieron.

De todas formas, para que la medida se convierta en ley, debe ser aprobada por la Cámara Baja y firmada por el presidente George W. Bus, quien no apoya la CPI, a crearse en La Haya, para tratar crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, pero hasta el momento no la ha rechazado totalmente.

El ex presidente estadounidense Bill Clinton firmó el tratado el año pasado pocos días antes de dejar su cargo, pero recomendó que no fuera ratificado por el Senado hasta que se atendieran las objeciones estadounidenses.

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