El anteproyecto, que propone un presupuesto de 794.000.000 de pesos para el año próximo, fue votado por mayoría y sólo se registraron dos pronunciamientos en contra, por parte del diputado Carlos Maestro (UCR Chubut) y el consejero representante del Poder Ejecutivo Alfredo Vítolo, quienes consideraron que en épocas de ajuste también el presupuesto judicial debía achicarse, concepto que fue rechazado por la mayoría, fundamentalmente por el camarista civil Claudio Kiper, quien reafirmó el principio de la intangibilidad de los salarios de los magistrados sosteniendo que los jueces tienen esa garantía constitucional para asegurar la independencia del Poder Judicial. El magistrado además señaló que “el Poder Judicial tiene un 1 por ciento del presupuesto nacional” y que “no se puede comparar la situación de ese Poder con la del Poder Ejecutivo”.
En tanto, el consejero Fermín Garrote, manteniendo la posición asumida al tratarse este mismo tema del año pasado, manifestó que “no debían reducirse las remuneraciones de los empleados y funcionarios del Poder Judicial, dado que los mismos han venido sufriendo las consecuencias de la falta de efectivización del reescalafonamiento de los empleados judiciales”.
Para el letrado “el Consejo institucionalmente debería adoptar la decisión de disminuir los haberes de los consejeros realizando de esta forma un aporte similar al efectuado por los restantes poderes del Estado. Corresponde dirigirse a la Corte Suprema de Justicia para que adopte idéntica medida respecto de sus integrantes” agregó, al tiempo que manifestó que “en momentos de crisis como el actual en el que toda la población sufre disminuciones en sus ingresos, valores superiores como la solidaridad conducen a que se abandone el concepto irrestricto con que se ha venido entendiendo el principio de intangibilidad de los emolumentos de los jueces”.
A esta propuesta de Garrote le salió al cruce el consejero Diego May Zubiría quien calificó de "burla" el recorte en el sector tras señalar que el mismo "atenta contra el sistema republicano”.
A su turno el senador Ricardo Branda y el abogado Eduardo Orio propusieron que el presupuesto aprobado "no incluya ningún aumento de sueldo", mientras que el académico Quiroga Lavie se manifestó en contra el modelo económico imperante, expresando que "el ajuste atenta contra el sistema republicano" y perjudica "la independencia del Poder Judicial".
Por su parte, Mario Gersenobitz se mostró a favor de "no tocar los sueldos" pero "pagar impuesto a las ganancias". Por eso, pidió hacer saber a la Corte que el Consejo vería con agrado que el máximo tribunal de justicia "anule la acordada 20/96" por medio de la cual se eximió a los jueces del pago de impuesto a las ganancias. En síntesis, el anteproyecto consiguió la adhesión de once consejeros y el rechazo de dos, aunque cada uno de los que votaron a favor agregó una sugerencia a su voto para que sea analizado por la Corte Suprema de Justicia cuyo presidente, Julio Nazareno, quien también preside el Consejo, estuvo ausente.
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m.l.m. / dju