Sin embargo, la citación de Labaké apunta a encontrar elementos de prueba que apunten a la existencia de una asociación ilícita "como una serie de delitos cometidos a través del tiempo". El dirigente explicó que si bien no se le formuló "ninguna" pregunta sobre la venta de armas, todo el interrogatorio por parte de Urso y el fiscal Stornelli "puede ser demostrativo de que ya en aquel entonces 1989-90 existió lo que hoy se puede llamar asociación ilícita".
Labaké citó en su declaración una frase del fallecido obispo de San Justo Antonio Bufano, para relatar una anécdota que habría tenido al religioso desaparecido como protagonista. Dijo ante el juez que en una "oficina" de la casa de gobierno, uno de los fieles de la diócesis del obispo concurrió, por su recomendación, a gestionar un préstamo por 30 mil pesos, y le hicieron firmar documentos por 40 mil.
Siempre de acuerdo con el relato de Labaké, Bufano le comentó indignado a Menem lo que había sucedido sin obtener una respuesta satisfactoria, lo que lo llevó a la conclusión -y así se lo hizo saber a un industrial conocido- de haber tenido "la impresión de haber estado con el jefe de la banda".
Las apreciaciones del testigo, llamado a raíz de un libro de su autoría titulado "Menem o Perón", que fue publicado en 1996, también hacen referencia al ingreso masivo de ciudadanos chinos, en una maniobra que, según aseguró, habría involucrado a la Dirección Nacional de Migraciones y los consulados argentinos en China. Dijo que en el marco de esa presunta maniobra habrían ingresado al país unos 3000 chinos que debieron pagar para hacerlo una comisión equivalente a los 6000 pesos cada uno.
El dinero habría sido repartido entre quien estaba a cargo de Migraciones, el ex oficial de la Armada Aurelio “Za Za" Martínez y los responsables de los consulados, en una suma que rondaría los 18 millones de dólares. Labaké aseguró que Menem y el ex ministro del Interior Julio Mera Figueroa fueron informados de ese hecho pero "nunca se hizo nada".
Sin embargo, memoriosos cronistas de Tribunales recordaban al menos dos investigaciones en el fuero federal relacionadas con el tráfico de inmigrantes de origen asiático. La primera se remonta a la época del gobierno radical del 83/89, que tuvo un accidentado trámite por ante el juzgado federal entonces a cargo de Martín Irurzun, quien hoy integra el tribunal de alzada que revisa las decisiones de Urso en la causa armas. La otra se produjo en el período referido por Labaké y tuvo en su momento una activa instrucción por parte de Juan José Galeano, que entre otras medidas, logró un importante secuestro de documentación luego de allanar las oficinas de los gestores responsables de las radicaciones sospechadas.