La medida fue dictada por el juez de instrucción Mariano Bergés, quien además dictó la prisión preventiva de Gastaldi y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir los 20 millones de pesos.
Sin embargo, el empresario no quedaría detenido hasta tanto no quede firme la medida dictada por Bergés, quien subroga al juez de instrucción Gustavo Karam.
Asimismo, Bergés también dictó el procesamiento de los ex directivos del Extrader Jorge Terrado, Carlos María Sosa y a un tercer miembros del directorio, también de apellido Sosa, quien sería hijo de aquel financista.
El banco Extrader había tenido su auge de crecimiento en los primeros años del gobierno menemista y entre sus clientes "VIP" se contaban el ex asesor presidencial actualmente detenido por la venta ilegal de Armas, Emir Yoma; el economista Martín Redrado; el conductor periodístico Marcelo Tinelli y el periodista Bernardo Neustadt, entre otros.
La causa se originó a raíz de las actuaciones giradas por el juez Comercial Rómulo Di Iorio, en cuyo juzgado está radicada la quiebra del Extrader, cuando detectó una presunta maniobra fraudulenta, consistente en una "autocompra" de créditos a una banca "off shore", poco antes del cierre de la entidad, en enero de 1995.
Según esa investigación el banco de Gastaldi habría comprado dos créditos que tenía el Banque du Credit Investment (BCI) por ocho millones de dólares cada uno, cuando en realidad los montos originales ascenderían a los 13 millones.
Di Iorio sospechó de esa operación y presentó una denuncia penal ante la presunción de que podría tratarse de una "autocompra" de esos créditos, ya que sospechó, porque "existían indicios" que el BCI era propiedad de los mismos dueños que el Extrader.
El Banco Central dispuso el cierre del Extrader el 27 de enero de 1995 cuando la entidad sucumbió como consecuencia del "Efecto Tequila" mexicano, en una época en la cual, según los voceros económicos consultados por la agencia privada DYN., la entidad de Gastaldi había realizado una fuerte inversión en Títulos de Tesoro Mexicano (TESOBONOS).
El juez Di Iorio también formuló denuncia pidiendo que se investiguen los abultados honorarios percibidos por los abogados y síndicos que negociaron las deudas que tenían distintas empresas con el Extrader al momento de su quiebra.
El juez de instrucción Vicente Cisneros tiene esta investigación en sus manos, que apunta también a revisar los acuerdos obtenidos para, mediante facilidades de pago, cancelar esas deudas.
Entre otras, se encuentran una universidad privada, una fábrica de carrocerías de Ómnibus, otra de motores radicada en Córdoba y una permisionaria de indumentarias deportivas de una marca internacional.