La ONU denunció un carnaval de violencia en Brasil

El estudio de la ONU destaca además que la mayor parte de las torturas llevadas a cabo por la policía con los acusados de algún crimen se concentran en un 90 por ciento entre las capas más pobres de la sociedad y entre las personas de raza negra, que en este país constituyen el 51 por ciento de la población.

Basado en informaciones recogidas el año pasado en el país carioca por el relator de la ONU Nigel Rodley, el documento incorpora testimonios de las víctimas del hacinamiento carcelario. Un preso, sobre quien se mantiene el anonimato, confirmó a través de sus dichos la ineficacia de la pena de prisión desde el punto de vista de la prevención especial. "Aquí dentro nos tratan como animales y después quieren que nos comportemos como personas cuando salimos a la calle", dijo.

Rodley presentó 340 casos declarados de tortura en las delegaciones policiales y en las cárceles, y en el estudio afirmó que las autoridades brasileñas "reconocen cándidamente que las condiciones, en este campo, son infrahumanas".

De hecho, Gilberto Sabóia, Secretario General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Brasil reconoció que su país tiene aún dificultad de cumplir la propia ley contra la tortura que cuenta sólo cuatro años de vida. "Hay una gran distancia entre lo que exige la ley y lo que se hace en la práctica", dijo.

Por su parte, consultado por el resultado del estudio del organismo internacional, el ministro de Justicia, José Gregori, que tiene un pasado de apoyo a los derechos humanos contra la dictadura militar, afirmó que la ONU "hace bien en analizar las casos aún existentes de tortura en Brasil, ya que eso hace parte de la democracia de los pueblos".

"Es una ayuda que el Gobierno puede utilizar para conocer y mejorar la situación", dijo Gregori. Y agregó que su ministerio se está esforzando para acabar con estas prácticas de la tortura. Según aclaró, a nivel de Policía Federal ya prácticamente no existe el uso de la tortura, "que es practicada más bien a nivel de policía estatual y municipal".

El informe de la ONU destaca también que la asistencia legal gratuita a los presos es inexistente en el 85 por ciento de los casos.

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