El justicialismo, bloque parlamentario oficialista en Tucumán, busca reformar la Constitución provincial e intenta lograr el consenso de las otras fuerzas políticas. La idea del oficialismo contempla la reelección en todos los cargos actualmente vedados (gobernador y vice, intendente, legislador y concejal), pero a partir del próximo mandato. De esta manera, los legisladores se autoexcluyen de la próxima elección provincial.
El tema más espinoso para alcanzar un acuerdo es el futuro del Poder Judicial. Entre los puntos con mayor consenso aparece la eliminación del Tribunal Constitucional; la jerarquización y ampliación del Consejo de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal de Cuentas.
En cambio, el oficialismo descartó la idea, resistida por la oposición, de impulsar la puesta en comisión de todos los magistrados.
Este extremo no será mencionado en el proyecto final, y quedará al libre criterio de los futuros convencionales constituyentes.
Es evidente que la puesta en comisión de todos los magistrados del Poder Judicial tucumano implica la posibilidad de empezar “desde cero” con la selección de los jueces pero, al mismo tiempo, conlleva el peligro de la absoluta perdida de independencia de ese poder.
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