La iniciativa parlamentaria fue presentada por el diputado aliancista Fernando Caeiro, vicepresidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, y se trataría al iniciarse las sesiones ordinarias, entre marzo y abril de este año. “El estado de emergencia implica un llamado a la concientización colectiva, porque así no se puede seguir”, explicó Caeiro a Diariojudicial.com.
El proyecto establece como órgano de aplicación a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, y entre otras medidas instará a las distintas secretarías del Estado porteño a adecuar a la ley los programas de educación vial, control vehicular y prevención de accidentes en la vía pública, en un plazo de 12 meses.
Entre los objetivos planteados hay una campaña de difusión masiva de concientización preventiva “a través de medios de comunicación, municipios, policía, universidades, escuelas y entidades intermedias”. “La finalidad es que el Gobierno ponga todos los esfuerzos y que sea prioridad lo establecido en todo el articulado de la ley, y así revertir esta tendencia en forma permanente”, dijo Caeiro.
Pero uno de los puntos en los que más hincapié hace el proyecto de futura norma es la inclusión de contenidos referidos a la educación vial en los programas de la Educación General Básica y en el Ciclo Polimodal, donde quien tendrá que cumplir será la Secretaría de Educación.
También pretende el legislador que se destinen predios “especialmente acondicionados para la enseñanza y práctica de la conducción vehicular”, y definir legalmente los contenidos de los cursos teórico-prácticos obligatorios para los futuros conductores.
Respecto de la idea de agravar las sanciones establecidas en el Código de Contravenciones, Caeiro dijo que, por ejemplo, “no existe en nuestro país la detención del reincidente, hace falta una sanción más concreta, quizás habría que abrir un registro de reincidentes”.
El diputado radical opinó también que habría que tipificar especialmente las conductas de los corredores de picadas, “para eso está la cárcel de contraventores”. Además, según Caeiro, el proyecto pretende que aumente el control por parte de la policía, “porque hay que cumplir con las normas vigentes”.
El proyecto prevé que la Subsecretaría de Transporte impulse el control periódico de la solvencia de las compañías de seguros, y establece que será la Ciudad de Buenos Aires quien “asumirá la responsabilidad si se acredita negligencia en el control y su vínculo causal con la insolvencia, con perjuicio evidente para los aseguradores y las víctimas”.